Lula apuesta al Estado en crudo

Según el plan enviado al Congreso, una nueva empresa pública "Petrosal" se encargará de la gestión del crudo sepultado en las aguas de las costas de los estados de Espíritu Santo, Río de Janeiro, San Pablo y Santa Catalina. Y Petrobras operará los pozos.
"Reglas estatizantes para el Presal asustan al mercado." "Operadora única preocupa al sector privado." Los medios más conservadores de Brasil prendieron ayer todo tipo de alertas contra el nuevo régimen petrolero que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso para ser aprobado en no más de noventa días. La propuesta del oficialismo nacionalizaría el crudo sepultado en las aguas de las costas de los estados de Espíritu Santo, Río de Janeiro, San Pablo y Santa Catalina, y convertiría a Petrobras, la petrolera estatal, en la única operadora de los pozos. Al igual que los multimedios, la oposición de centroderecha tampoco disimuló ayer su nerviosismo por el paquete de reformas y llamó a bloquearlas en el Legislativo. "El modelo del estatismo es muy atrasado y debemos discutir otras opciones", sugirió el jefe de la bancada de la socialdemocracia en el Senado, Arthur Virgilio.

El presidente brasileño aprovechó ayer un encuentro con empresarios de la ciudad de Victoria, en el estado de Espíritu Santo, para hacer una defensa del proyecto. "Hay dos momentos en la industria del petróleo: cuando uno tiene poco petróleo y todas las exploraciones son de alto riesgo, uno ofrece más ventajas para que las empresas pongan su dinero allí. Pero cuando uno tiene petróleo y puede ofrecer a los inversores la certeza de que no hay riesgo, entonces obviamente el país exige mucho más", explicó, con un tono tranquilo y un espíritu pedagogo.

Lula sabe que la idea de una empresa petrolera estatal fuerte y un crudo nacional es popular entre los brasileños. Lo aprendió en las últimas elecciones, cuando su rival socialdemócrata Geraldo Alckmin tuvo que dejar de elogiar las privatizaciones de los ’90 para no enfrentarse con el electorado. Por eso la oposición de centroderecha no atacó directamente al corazón del proyecto, sino que apuntó a una cuestión secundaria, el plazo de 90 días impuesto por Lula.

"El gobierno se tomó 14 meses para redactar ese marco y ahora quiere que el Congreso lo apruebe en 90 días", se quejó el jefe de la bancada del Partido Demócrata (DEM) en Diputados, Ronaldo Caiado. Al igual que esa fuerza, la socialdemocracia y el PPS, otro partido opositor, prometieron intentar bloquear la reforma en los comités. Pero el PT de Lula y su aliado PMDB tienen mayoría propia en las dos Cámaras, aunque en el Senado la diferencia podría desaparecer si dos o tres legisladores se dan vuelta. Mientras la oposición prefiere hablar de plazos, el oficialismo apunta al fondo de la cuestión. Según explicó el gobierno, de aprobarse las leyes el Estado pasaría a decidir cuánto crudo se extrae, dónde y para qué se utiliza. Una nueva empresa estatal, Petrosal, se encargará de la gestión, mientras que Petrobras se convertirá en la única operadora de los pozos de esa costa.

El rol de las empresas privadas quedará restringido a invertir, hasta un 70 por ciento, y proveer de maquinaria y personal. "Quien piense que el libre mercado va a determinar las decisiones de las inversiones está caminando hacia un horizonte equivocado", explicó ayer el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli.

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