El CPA Luján continúa en una situación crítica

Si bien el gobierno provincial aseguró que se "están regularizando los recursos y pagos" en todo el territorio bonaerense, en la dependencia local el panorama es complicado.
Los centros de prevención a las adicciones (CPA) continúan en una situación difícil. Estos espacios, que dependen del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sufren la falta de recursos económicos para afrontar sus tareas diarias. El CPA local no escapa a esa realidad.

Muy distinto es el discurso del gobierno bonaerense. Esta semana, el secretario de Atención a las Adicciones, Javier Goñi, aseguró que "se están regularizando las actividades" de los centros que atienden a 10 mil personas en toda la provincia.

"Se trata de una red que ha atravesado una sucesión de crisis a lo largo de su historia y que estamos tratando de recomponer", dijo el funcionario a la agencia de noticias DIB. Además, adelantó que desde su cartera iniciaron una serie de viajes a diversas localidades para "encontrarnos cara a cara con los trabajadores y poder entablar un diálogo".

Según Goñi, "en 10 días se ha logrado bajar en un 50 por ciento la lista de espera de aquellas personas que necesitaban de un tratamiento que implica su internación en una comunidad terapéutica y esperamos reducirla a cero en los próximos días".

Por su parte, la responsable máxima del CPA Luján, Mónica Granatta, explicó a este medio que "la normalización de los recursos económicos no se ha producido todavía, la única diferencia es que se han suspendido las medidas de fuerza que se estaban llevando a cabo".

A partir de marzo, los trabajadores de los diferentes centros decidieron mantener paros activos, como parte del reclamo ante los inconvenientes que se profundizaron con el cambio de gestión a nivel provincial. Esas medidas de fuerza quedaron en suspenso a partir de la determinación del gobierno bonaerense de iniciar el diálogo.

En el caso de Luján, como parte de la región VII, la reunión con Goñi tendrá lugar el próximo martes. De cualquier manera, Granatta explicó que "pareciera que todo está bien porque se levantó la medida de fuerza y en realidad estamos en un impasse porque la realidad no cambió, seguimos con las mismas dificultades. Estamos en una situación de mucha incertidumbre".

En el plano local, el CPA atiende a un promedio de 80 pacientes por mes. Hasta el año pasado estaban en vigencia diferentes talleres habilitados como parte del tratamiento de las personas que asisten al centro. Esos espacios, sin embargo, fueron suspendidos en marzo ante la falta de recursos mínimos para su funcionamiento.

Además, se deben cuatro meses de alquiler, tres de luz y dos de gas, obligaciones que debe solventar la provincia. A eso se suma problemas con el pago de algunos sueldos.

SIN CRÍTICAS

El jueves, el tema volvió a tratarse en el Concejo Deliberante. Los concejales aprobaron un proyecto de resolución donde se dirigen al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Salud Dr. Claudio Zin "a fin de solicitarles una urgente normalización de la red de CPA de la provincia de Buenos Aires para posibilitar la continuidad de funcionamiento de la única entidad que brinda atención integral y gratuita a personas afectadas por el flagelo de las adicciones".

En el segundo artículo de la iniciativa presentada por el bloque Reafirmación Peronista se sugiere a los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires que adhieran a la resolución.

"Debe sostenerse y mejorarse el funcionamiento de los centros de prevención de adicciones, a cargo del Estado Provincial, siendo estas las únicas instituciones especializadas y de carácter gratuitas para los pacientes", se expresaba en los argumentos del proyecto.

Además de la resolución, se aprobó por unanimidad una comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo para que la intendenta Rosso interceda ante las autoridades provinciales para lograr mejorar el funcionamiento del CPA local.

El tratamiento del tema en el Concejo tuvo un trasfondo político. En la sesión anterior, la concejal Susana Haurié no logró las voluntades suficientes para aprobar un proyecto cuyas argumentaciones criticaban al gobierno de Scioli. Desde los bloques que a nivel provincial se encolumnan detrás del gobernador decidieron no acompañar esos considerandos y el proyecto volvió a la Comisión de Salud.

El jueves, ya sin las críticas al mandatario provincial, el Concejo en su conjunto respaldó la continuidad del CPA Luján.

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