San Luis, con los peores índices de calidad institucional

San Luis, Formosa, Santa Cruz, Chaco y Santiago del Estero encabezan la lista de provincias cuyas instituciones democráticas se encuentran bajo una gran tensión como consecuencia de la persistencia de factores como la ausencia de rotación partidaria en el Ejecutivo provincial, clientelismo exacerbado, límites a la libertad de expresión y debilitamiento de la función de control desarrollada por los poderes Legislativo y Judicial.

Los últimos hechos ocurridos en la Legislatura provincial, la doble intendencia en Unión, el impedimento de asumir a los diputados en donde el oficialismo perdió, entre otros que sucedieron la semana pasada, le dan hándicap a San Luis para "picar en punta" en la tabla de posiciones de la peor calidad institucional.

La investigación tomó en esta primera etapa a los distritos mencionados, además Neuquén, La Rioja, Formosa, Río Negro, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Tierra del Fuego, Neuquén, Tucumán y Salta y evaluó, a partir de entrevistas con "informantes clave" y cifras oficiales, indicadores de institucionalidad democrática en torno a varios ítems: elecciones limpias; libertad de expresión y medios gráficos alternativos; independencia de la sociedad civil y patronazgo (empleados públicos por habitante); rotación del partido de gobierno; independencia de la autoridad electoral; clientelismo y presencia del bloque del oficialismo en la Legislatura y acceso a la información.

Sólo en San Luis y Formosa, los informantes reportaron irregularidades como padrones y votantes de otras jurisdicciones, en el primer caso, y sustracción de DNI de los votantes de pueblos originarios, en el segundo.

San Luis, Santa Cruz, Formosa y Chaco aparecen también como los distritos en los que el clientelismo político tiene bastante impacto en las elecciones a gobernador, según las conclusiones del proyecto "Mapa sobre el régimen político democrático en las provincias" que lleva adelante la ONG Poder Ciudadano, y cuyos primeros resultados se dieron a conocer el viernes.

La investigación tomó en esta primera etapa además de las provincias mencionadas, a Mendoza, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Tierra del Fuego, Neuquén, Tucumán y Salta, y evaluó, a partir de entrevistas con "informantes clave" y cifras oficiales, indicadores de institucionalidad democrática en torno a varios ítems: elecciones limpias; libertad de expresión y medios gráficos alternativos; independencia de la sociedad civil y patronazgo (empleados públicos por habitante); rotación del partido de gobierno; independencia de la autoridad electoral; clientelismo y presencia del bloque del oficialismo en la Legislatura y acceso a la información.

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