San Luis impulsa una ley para atraer más inversiones privadas

El gobernador envió un proyecto a la Legislatura para acentuar los mecanismos impositivos y crediticios existentes y atraer capitales
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, lanzó un proyecto de ley que ya cuenta con estado parlamentario, para atraer inversiones privadas a la provincia mediante un régimen de incentivos. Además declararó de interés provincial a todas aquellas empresas que tengan planes productivos para el sector industrial, agropecuario, ganadero, minero, turístico, de nuevas tecnologías, de energías alternativas, inmobiliarios y de servicios, si establecen la operación íntegramente en San Luis y contratan al 90% del personal con al menos dos años de residencia en la provincia, excepto que por requisitos técnicos se necesite traer gente especializada. La idea es que movilicen la economía provincial, a partir del círculo virtuoso: "Así, propiciamos que se instalen nuevos emprendimientos y que se fortalezcan los existentes, generando nuevas fuentes de trabajo, en un marco de respeto y protección hacia el medio ambiente", explica el coordinador ministerial de Hacienda, Marcelo Sosa. "Al ser una administración pública eficiente y austera, determina que el inversor tiene seguridad jurídica", agrega. Para lograr una serie de beneficios fiscales, el emprendedor debe invertir al menos $ 150.000, aunque si hay un interés específico de la provincia, el monto puede ser menor. Por ejemplo, el gobierno promueve el desarrollo de proyectos inmobiliarios en los diques y espejos de agua adyacente a los lagos. Es que la provincia está construyendo cuatro presas: Dique Boca del Río Sierra de los Comechingones, Dique Arroyo La Sepultura Sierra de los Comechingones, Presa sobre Río Claro Aprovechamiento San Francisco, y Presa sobre Río Quinto Aprovechamiento Saladillo. De cumplirlo, el inversor se ve beneficiado con una excención de impuestos provinciales, ingresos brutos e inmobiliarios por 15 años, con una escala decreciente por lustro. Los primeros cinco años no paga nada, al lustro siguiente sólo abona la mitad, y los últimos cinco años paga el 75%, pues se prevé que la inversión ya está dando sus frutos. Además, le otorgan un crédito fiscal de hasta el 50% de los impuestos que la actividad genere. Por otra parte, el inversor puede adquirir terrenos fiscales, con las mejoras que se hayan producido, para ampliar o instalar una planta industrial, pagadero a cinco años sin interés y con el primer año de gracia. El emprendedor también puede sacar ventaja al contratar a un beneficiario del plan de Inclusión Social, que es una suerte de Plan Trabajar. El gobierno le paga a la empresa contratante el subsidio que le da, que es de $ 600 por mes más obra social y ART, durante los seis primeros meses. Al semestre siguiente le da un 75% del monto, al año la mitad, y a los 18 meses el 25%, hasta que finalmente la persona es contratada por completo por la empresa. Otro beneficio es un subsidio a la tasa de interés bancaria, de modo que el empresario sólo deba pagar el crédito para hacer las obras, pero sin interés.

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