A los colectivos de Transpuntano será difícil verlos este jueves por las calles porque el gremio que representa a los choferes anunció su adhesión total a la medida de fuerza nacional. A pesar de que la Municipalidad hizo una presentación ante el Programa Relaciones Laborales para pedir que se declare ilegal la medida de fuerza, Alberto Lindow, jefe de esa repartición, señaló que “el transporte público no es un servicio esencial”. Y que “los servicios de emergencia para estos casos están regulados a través del decreto 272 y la resolución 293 de este Programa del año 2008”. Dijo que “para solicitar la ilegalidad de una medida de fuerza hay que esperar a que se realice y todavía no sucedió”.

La jornada previa al paro nacional convocado por tres centrales sindicales a nivel nacional mantuvo hasta últimas horas reunidas a las tres partes: el gremio, el asesor letrado del Municipio y los funcionarios de Relaciones Laborales. Todo comenzó por la mañana cuando Ricardo Bazla, abogado de la Municipalidad, se presentó en el segundo piso de Ayacucho 950 para pedir la ilegalidad del paro al que adhirieron los choferes. “El artículo 4 del decreto 2184/90 establece que en los servicios públicos esenciales, como es el transporte público, la medida de fuerza debe ser notificada con cinco días a la contraparte”.

Según informó en conferencia de prensa, “la UTA hasta el mediodía de ayer no lo había hecho”.

A este argumento Lindow respondió que “las centrales de trabajadores de la provincia que son la CGT San Luis, la filial Villa Mercedes y la CTA, notificaron el día lunes de la medida de fuerza a nivel nacional. Con esta adhesión lo que ellos quieren garantizar es la protección del derecho de los trabajadores de participar o no de la huelga”.

Recordó que si bien la reglamentación establece que para los servicios de transporte de pasajeros se debe comunicar con cinco días hábiles de anticipación, “en el decreto 272 que fija el procedimiento, dice: "Cuando la medida de acción directa consiste en un paro nacional o cualquier otra ejercida por centrales sindicales u organizaciones empresariales con representatividad sectorial múltiple, se aplicarán las disposiciones establecidas en la presente reglamentación. Esto quiere decir que nosotros evaluaremos después si corresponde aceptar el procedimiento del preaviso, en el caso de que haya efectivamente una medida de fuerza y no se cumplimentara con los servicios de emergencia”, señaló el funcionario provincial.

Bazla también anunció que junto al presidente de Transpuntano, Mariano Estrada, llevaron una nota al Ministerio de Seguridad donde le solicitaron “se adopten medidas de seguridad extraordinarias tanto en el predio de la empresa, ubicado sobre ruta Nº 3, cuanto en los recorridos de los colectivos”. Y señaló que presentó ante el Juzgado del Crimen Nº 1, a cargo de la jueza Carina Gregoraschuk, otra solicitud del mismo tenor.

Porque según explicó el abogado, “no queremos que se repita el mismo fenómeno del día 4 de abril del año pasado cuando hubo otro conflicto en la empresa que consistió en que un grupo de personas impedía la salida de los colectivos manejados por choferes de Transpuntano que estaban dispuestos a salir a trabajar. Por eso, pedimos que la Policía no tenga una actuación pasiva, sino una activa, para impedir cualquier tipo de disturbios”.

Lindow reiteró que evaluarán lo que suceda hoy “y pondremos nuestros buenos oficios para que esto no perjudique a otros usuarios del sistema de transporte, que es lo que más nos interesa”.