San Luis entre las provincias con menor transparencia pública

Un estudio realizado por una fundación privada ubicó al Estado Puntano entre las provincias que menos difunden sus datos; de un conjunto de indicadores evaluados, Córdoba obtuvo un 49 por ciento, compartiendo esa calificación con las provincias de Mendoza y Río Negro.
La transparencia de la información pública, así como la adecuada realización, administración y difusión de los sistemas estadísticos no son simples adornos que decoran una gestión pública, son pilares de cualquier sistema democrático y herramientas imprescindibles para tomar decisiones, tanto en la esfera pública y privada. Si bien la información que brinda Córdoba es perfectible, sobre todo en la esfera de las empresas públicas, agencias y entes autónomos, el avance respecto a una década atrás ha sido enorme. Y así lo reconoce el denominado Indice de Transparencia Presupuestaria Pública (ITPP), que fue elaborado por la Fundación Centro de Estudios Patagónicos (FCEP), con el aporte de otras entidades y asociaciones civiles. El ITPP tuvo como objetivo "analizar y reflejar el nivel de transparencia y acceso a la información presupuestaria y funcional que tienen los sitios Web oficiales de los Poderes Ejecutivos provinciales y municipales de la Argentina", que también ubica en una posición relativamente destacada a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.

El estudio indica que el término transparencia se refiere al nivel de información que los gobiernos ponen a disposición de la comunidad para su acceso irrestricto, de modo que los ciudadanos pueden, en teoría, observar cómo éstos administran los recursos públicos. Pero la Fundación aclara: "El hecho que un gobierno sea transparente no quiere decir, necesariamente, que no puedan producirse hechos arbitrarios o corruptos. Sin lugar a dudas, el nivel de transparencia de una gestión es un reflejo de las posibilidades de control que se ponen a disposición de los medios de comunicación y de la comunidad".

Los relevamientos del ITPP fueron realizados entre el 15 de marzo y el 5 de abril de 2009. En el índice, se evaluaron en total 30 indicadores, con diferente ponderación según la importancia que tienen cada uno de ellos. Los indicadores desarrollados fueron diseñados con el objeto de identificar el grado de transparencia presupuestaria, publicación de instrumentos normativos que implican gastos o recaudación, estado de tramitación de expedientes, estado de deudas, llamados a licitaciones y concursos públicos y privados, detalle de la nómina de autoridades y personal según tipo de contrato (permanente, transitorio, de locación), etc.

A nivel provincial y dentro de los Poderes Ejecutivos, la provincia de Entre Ríos logró ubicarse en la primera posición, al obtener un 50 por ciento de los indicadores evaluados. Entre los elementos valorados que se publican en dicho sitio se encuentran los cierres de ejercicio de los años anteriores, el estado de deuda general de la provincia, la posibilidad de realizar un seguimiento de los expedientes, el presupuesto vigente, las licitaciones y compras realizadas, etc.

Tal como se indicó antes, el segundo puesto fue compartido por Córdoba, Mendoza y Río Negro con el 49 por ciento. Comparten a su vez el quinto lugar, Buenos Aires y Santa Fe, que alcanzaron un 43 por ciento en las mediciones realizadas, seguidas por la provincia de Tierra del Fuego con el 41 por ciento.

En relación a los últimos lugares, se destacan por su escasa información publicada, los sitios Web de los Poderes Ejecutivos de la provincia de Santa Cruz (9%), San Luis (5%) y La Rioja (5%). "En estos sitios por ejemplo, no se publica, entre otros indicadores, la forma en que gastan el dinero público, las contrataciones realizadas, las deudas contraídas, etc.", señala el informe.

La FCEP destaca que ciertas jurisdicciones se caracterizan por incluir información que ninguna otra lo hace. Por ejemplo, Tierra del Fuego y Chubut detallan no sólo la nómina de personal de planta permanente y de autoridad política y gabinete, sino que también incluyen la nómina salarial de todos y cada uno de los empleados. En tanto, Santa Fe y Río Negro, ante cada licitación –pública o privada- o compra que realice el Estado, incluyen el acto administrativo en donde se menciona las características del concepto abonado, incluyendo el nombre del proveedor, el tipo de trabajo realizado y el monto que abona el Estado por el servicio.

Tierra del Fuego y Río Negro también incluyen información respecto a la pauta publicitaria.

En el caso de Tierra del Fuego el sitio Web, en su sección de prensa presenta un informe con toda la publicidad otorgada en los años 2007 y 2008. En Río Negro, el buscador de compras y contrataciones permite ingresar a todos los pagos realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Prensa, en la cual figuran los pagos a las empresas de medios de comunicación en concepto de publicidad oficial.

En el caso de Córdoba el gobierno provincial publica la totalidad de las declaraciones juradas de las autoridades políticas que trabajan en el Poder Ejecutivo, mientras que Tierra del Fuego publica las declaraciones juradas de la gobernadora, y la mayoría de sus ministros y secretarios.

Un largo camino recorrido

El camino que ha debido recorrer la Provincia hasta alcanzar esta distinción ha sido muy arduo; durante la gestión de Ramón Mestre hubo una ausencia casi total de información pública y un desdén mayúsculo por la importancia creciente que tenía Internet como herramienta de difusión de los actos y las cuentas públicas. Incluso se recuerda que un enorme porcentaje de decretos y resoluciones ni siquiera eran publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, contraviniendo la ley. En ese sentido, el gobierno de José Manuel de la Sota inició a partir de 1999 un proceso de modernización del sistema de información, que incluyó, entre otras iniciativas, la creación de la página Web de la Provincia, de los entes públicos y empresas provinciales, así como la difusión regular de las cuentas públicas provinciales.

Un gran impulsor de estas medidas fue el entonces ministro de Finanzas, José María Las Heras, quien en diversos trabajos, como "Estado Cristalino" defendía la necesidad de generar un modelo de control de las cuentas públicas a través de la integración de los distintos sistemas sobre una base única de datos (presupuesto, tesorería, crédito público, contrataciones, etc.), la ejecución descentralizada de la información, subordinada a una concepción centralizada de su diseño, que permitiera y facilitara el proceso de fiscalización, y la informatización de los sistemas sustentados en procesos distribuidos, basados en arquitecturas abiertas y redes locales, con la finalidad de que los usuarios del sector público y los ciudadanos en general tuvieran acceso en tiempo y forma a la información.

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