Luego de un mes de enero con poca actividad en la Cámara, el Poder Legislativo se desperezó de golpe.

Accastello opinó que “el diferimiento no es delito, porque la administración municipal tiene registros trimestrales y anuales, como los arqueos del sistema financiero y los balances, y todo fue aprobado por el Concejo Deliberante, o sea que tienen legalidad”.

Villa María. El exintendente Eduardo Accastello se presentó ante la fiscalía que lo investiga por supuestas irregularidades en el manejo de cuentas bancarias municipales y negó cualquier anomalía con el manejo de los fondos enviados desde la Nación.

Pidió además que toda la documentación secuestrada en el allanamiento del viernes último en la Municipalidad de Villa María se quede en la ciudad y no sea peritada en otro lugar.

La causa se originó en una denuncia de la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad: sostienen que hubo diferimientos en el registro de depósitos bancarios por cerca de 40 millones de pesos y que se violaron normas contables del municipio.

Accastello opinó que “el diferimiento no es delito, porque la administración municipal tiene registros trimestrales y anuales, como los arqueos del sistema financiero y los balances, y todo fue aprobado por el Concejo Deliberante, o sea que tienen legalidad”.

Según los denunciantes, el dinero “desapareció” un tiempo de las cuentas bancarias y luego “volvió a aparecer”. El exintendente dijo que cuando ingresa un recurso a nivel nacional, “no se sabe muchas veces de qué área viene. Y entonces el funcionario debe preguntar. Mientras tanto, el dinero está en el banco, nunca sale. Antes debería cumplir un procedimiento como un cheque o una orden de pago, que tiene que ser autorizada por el Tribunal de Cuentas. Nunca se violó la Carta Orgánica”.

En su nota elevada al fiscal Rene Bosio, pidió que se ponga “la mayor seguridad” sobre la información secuestrada y “que no la lleven a otro lugar”. También reclamó poder incorporar un perito de parte.

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