Luces y sombras

La semana que pasó mostró lo mejor y lo peor de la política criolla. Lo positivo: la unidad entre Estado, fábricas y trabajadores por la promoción industrial. Lo negativo: la pésima señal que dieron los diputados en la conformación del Tribunal de Cuentas. La calidad institucional, por el suelo.
Fue una semana importante para los objetivos de La Rioja en pos de evitar que miles de empleos desaparezcan produciendo un estallido social de impredecibles consecuencias. Pero fue una semana ‘trágica’ para la calidad institucional y la seguridad jurídica porque la Legislatura, otra vez, dio señales inequívocas de impunidad burlista y del ejercicio de un poder mas propio de una repuibliqueta bananera que de una Provincia seria.

Resultó ejemplar la unidad alcanzada por funcionarios de gobierno, con Luis Beder Herrera a la cabeza, empresarios y sindicalistas, para mostrar en Buenos Aires una firme defensa del régimen promocional, planteando con ejecutividad y capacidad técnica la necesidad de su extensión.

La presentación que la comitiva riojana hizo ante los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Producción, Débora Giorgi, fue contundente y, tal vez, resulte efectiva, siempre y cuando la Nación decida aceptar la propuesta riojana y extender, aunque sea parcialmente, el régimen económico vigente desde hace mas de 30 años.

Pero en el otro extremo del sistema, resultó vergonzosa la forma en que la Legislatura oficialista se ‘robó’ un lugar en el Tribunal de Cuentas que estaba destinado a la oposición, con la consecuente complicidad del radicalismo, que lejos de reclamar, aprovechó la coyuntura para hacer lo que siempre ha hecho en la provincia: acomodar a algunos de sus dirigentes sin animarse a cuestionar un sistema que lo tiene por partenaire secundario histórico.

Los partidos opositores debieron designar a dos representantes en el máximo órgano de control del Estado. Era necesario para reemplazar a los dos vocales que, por la oposición, habían vencido en sus mandatos.

Dejó el Tribunal el ex yomista Gabriel Martín, quien durante su permanencia en el organismo mostró cierto perfil opositor real aunque sus denuncias nunca tuvieron un final judicial concreto. Y el radical Hipólito Mercado, cuyo rol nunca tuvo trascendencia y terminó hablando el mismo idioma que los vocales oficialistas.

Teniendo en cuenta la voluntad popular expresadas en las urnas de junio y, asumiendo que los mandatos vencieron en setiembre y la nueva Cámara recién se conforma en diciembre, el poder político debió mostrar síntomas de madurez y predisposición para obrar según la ciudadanía había votado. En ese contexto, los dos vocales opositores debieron ser elegidos por el radicalismo y por la alianza entre el menemismo y el partido local Acción Riojana, porque fueron segundo y tercero, respectivamente, en las legislativas de junio.

Pero como no hay peor astilla que la del propio palo, el oficialismo no soportó que un representante del bosettismo-menemismo ingrese a un órgano de control del gasto. En cambio, le abrió la puerta al radicalismo, un partido mas ‘acostumbrado’ al funcionamiento del sistema. Y así, ideó una estrategia burda para designar -disfrazado de opositor ‘trucho’- al oficialista Jorge Menem -contador y actual diputado- en reemplazo de Gabriel Martín.

Un disparate institucional, jurídico y político, porque las normas vigentes reclaman que la oposición política tenga dos vocales en el Tribunal y ahora tendrá solo uno, siempre y cuando el radical Ramón Brizuela y Doria no termine como su antecesor, hablando un mismo idioma con el oficialismo. Una posibilidad concreta, porque el radicalismo, lejos de ejercer un rol opositor firme, se conformó con la designación de ‘su’ vocal y permitió que la oposición, en su conjunto, pierda una vocalía en un lugar clave para la transparencia de un sistema demasiado ensuciado.

Encima, en medio de tanto dislate sin verguenzas, el diputado Jorge Machicote, acosado por denuncias sobre presuntas irregularidades en el destino dado a dinero de subsidios que cobró del Estado en plena campaña electoral, decidió denunciar penalmente al diputado electo, Néstor Bosetti, el dueño de una radio que ha sido utilizada sistemáticamente para que su propietario crezca políticamente por cualquier modo.

Al hacerlo, Machicote denunció una presunta ‘extorsión’ de Bosetti, para que el legislador nominara en el Tribunal de Cuentas a una contadora vinculada a un dirigente del bosettismo. La pregunta es: ¿por qué no lo denunció antes?. Está claro que se trata de una lucha despiadada de bandos -¿o bandas?- dedicadas a hacer uso del poder a cualquier precio.

Y que la calidad institucional que tanto pregona el gobernador, ha sido reducida a cenizas. Una vez mas. Y con la Legislatura, esta penosa y vergonzante Legislatura, como eje del incendio.

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