Claudio Lozano radicará este martes una denuncia penal contra el gobierno de Cristina Kirchner por el pago del llamado Cupón PBI. El dirigente demandará a los tribunales federales de Comodoro Py que investiguen a la pasada gestión por los delitos de defraudación contra la Administración Pública, falsificación de Documento Público y delitos contra el orden económico y financiero.

En la denuncia -que no identifica autores- también pide que se investigue a las actuales autoridades del gobierno, por no haber denunciado la maniobra, pese a que el INDEC normalizado por la administración de Macri, corrigió la serie de crecimiento del PBI a la baja, dando entidad al reproche.

Para Lozano, “haber intervenido y falsificado información por medio del INDEC tuvo la consecuencia de encarecer los pagos por el denominado cupón PBI en un total de 2.294 millones de dólares.”

Subestimar la inflación, tuvo como correlato la sobreestimación del crecimiento del PBI, por ello, la Argentina pagó un 30 por ciento más de lo que correspondía, señaló Lozano en su denuncia.

Los denominados Cupón PBI son títulos que se emitieron en 2005 y 2010, tras el canje de la deuda y los pagos se disparan en base al crecimiento del producto. Es decir que se paga en un determinado año y proporción en función del crecimiento del año anterior.

Lozano sostiene que Argentina debió haber pagado a fines del 2012 u$s 13,93 y sin embargo, se pagó u$s 18,04, es decir que se abonó un 30% más de lo que hubiera correspondido -ver documento adjunto con la denuncia-. Esto fue consecuencia directa de la manipulación estadística.

"Subestimar la inflación tuco como correlato la sobrestimación del crecimiento del PBI", señala Lozano en su denuncia y advierte que esta maniobra "se evidencia por la información brindada por las nuevas autoridades del INDEC.

En términos de cálculos anuales, el dirigente de Unidad Popular asegura que se debió haber pagado hasta el año 2012 u$s 7.671 millones y no los u$S 9.965 millones que se terminaron pagando. “Estamos diciendo que Argentina pagó u$s 2.294 millones más de lo que hubiera tenido que pagar”, explicó el economista a LPO.

En denuncia aparecen tres delitos: Falsificación de documentación pública, al manipularse las estadísticas del Indec; defraudación contra la administración pública, toda vez que a partir de esa falsificación se hicieron pagos superiores a los que debían haberse realizado; y -por último- aparece un delito contra el orden económico y financiero.

“Será el juez quien deberá determinar cuáles son las responsabilidades de las autoridades del gobierno anterior”, agregó Lozano y destacó que también pidió que se indaguen las responsabilidades del gobierno actual. “Es que una vez publicado una nueva serie de PBI, no se presentó ninguna denuncia hacia la administración anterior”, asegura el economista.