Lorenzo es investigado por inventar tratamientos y cobrar del Estado

Junto con el asesinado Sebastián Forza y el empresario Rubén Romano, el polémico titular de droguerías es investigado por el juez Ercolini por una supuesta defraudación al Estado. Habrían presentado troqueles falsificados de medicamentos costosos, impresos en algún circuito de la mafia de los medicamentos, para obtener fondos del APE.
Una nueva causa judicial pesa sobre la espalda del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, bautizado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña como "el Yabrán de los medicamentos". Además de ser investigado por el juez federal Norberto Oyarbide en torno de la mafia de los remedios, el propietario de Droguería San Javier está en la mira por defraudación millonaria al Estado.

La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini y se inició en agosto de 2008 por una denuncia de Ocaña y de Juan Rinaldi, entonces gerente general de la Administración de Programas Especiales (APE). Ambos ex funcionarios denunciaron que cuatro droguerías (San Javier; SeaCamp, del asesinado Sebastián Forza; Romalá, del poderoso Rubén Romano, y AMG) se habrían hecho de fondos del APE, organismo que reintegra a las obras sociales lo que invierten en sus afiliados.

La maniobra consiste en presentar troqueles falsificados de medicamentos de alta complejidad y alto costo, como los indicados contra esclerosis múltiple, cáncer y hemofilia. PERFIL accedió a un expediente presentado por la Mutual del Personal del Agua y Energía de Mendoza, en el que Romalá solicita el reintegro de más de 48 mil pesos por un tratamiento por esclerosis múltiple.

Ante las sospechas, el Ministerio de Salud pidió al APE seleccionara unos 50 expedientes de las obras sociales que trabajan exclusivamente con dichas droguerías, como Aeronavegantes; la Obra Social de Trabajadores de Prensa; Personal de Entidades Deportivas y Civiles, y Personal del Turf y de la Industria del Neumático. También están en la mira Municipales de Avellaneda; Maestranza; de Prensa de Tucumán; Telégrafos y Comunicaciones, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Es que para el ministerio, las obras sociales podrían ser cómplices de la estafa, ya que cedieron sus derechos de cobrar del APE a las droguerías. Los expedientes fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y los troqueles fueron comparados con los originales, presentados por los laboratorios. Ocaña y Rinaldi también sospechan que la maniobra puede esconder la comercialización de medicación adulterada por parte de esas droguerías, que son intermediarias entre los laboratorios y las obras sociales.

Ahora la Justicia investiga si las empresas obtuvieron fondos solicitando cobertura de medicación dudosa o adulterada, ya que los resultados arrojados de los análisis confirmaron que se trataba de troqueles truchos. Si bien el ministerio identificó una presunta defraudación por 4 millones de pesos –que ya fueron descontados a las obras sociales involucradas–, un ex socio de Lorenzo le dijo a PERFIL que el supuesto desfalco con los troqueles falsificados alcanza "los 200 millones de pesos". También le confió que "el 80 por ciento fue al bolsillo de Lorenzo", y contó que la impresión de los troqueles falsos es un eslabón de la mafia de los medicamentos. Oyarbide ya solicitó a Ercolini el expediente de la causa.

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