Lorenzetti: "Tenemos que lograr que sea rentable cuidar los bosques"

El jurista consideró que la "economía verde" es una oportunidad de desarrollo para zonas como Misiones. Advirtió que la ley debe prever incentivos económicos para la conservación
El presidente de la Corte Suprema de Justicia pasó ayer por Posadas para participar de la segunda Jornada Internacional de Derecho Ambiental. En improvisada rueda de prensa destacó la necesidad de sancionar nuevas leyes que defiendan los derechos colectivos y, entre estos, la preservación del medio ambiente. Consideró que para lograrlo, el derecho debe armonizar el desarrollo económico con la conservación ambiental. Opinó que la instrumentación de compensaciones pecuniarias a la preservación de recursos naturales y el incentivo al desarrollo de una "economía verde", resulta fundamental en ese sentido. "La protección del ambiente puede ser una oportunidad de desarrollo especialmente para zonas con muchos recursos ambientales, como Misiones", destacó.

El prestigioso catedrático explicó que el derecho reconoce tres categorías de derechos humanos: los de primera generación, orientados a proteger a un individuo débil frente al todopoderoso Estado; los de segunda generación, de carácter social y orientados a proteger a los individuos de la exclusión generada por la acción de los mercados y finalmente los de tercera generación, consagrados a la protección de los bienes colectivos.

Indicó que el derecho argentino registró un avance importante en la defensa de los derechos de tercera generación al otorgar al medio ambiente una amplia legitimación como el bien colectivo por antonomasia, tal cual lo consagra la Constitución Nacional reformada en 1994 y jurisprudencia de la Corte.

Advirtió empero que los jueces todavía no cuentan con leyes procesales que se ajusten a la defensa de estos derechos. "Nuestras leyes siguen un modelo de A versus B litigando sobre un bien, pero cuando hablamos de derechos colectivos, nos encontramos con conflictos que involucran a múltiples actores y no pueden ser resueltos corriendo demandas entre unos y otros, se tardarían años. Definitivamente no se pueden resolver estas causas con las leyes que tenemos", detalló.

Lorenzetti reclamó entonces que los legisladores piensen en un nuevo modelo procesal orientado a resolver este tipo de conflictos. Indicó que para definir ese esquema se debe buscar un punto medio entre dos posiciones extremas: por un lado, un modelo que dé lugar a un proceso de toma de decisiones que involucre a todas las partes implicadas, algo como una asamblea; por otro lado un proceso que otorgue al juez el poder de definir qué es lo mejor para todos.

"Hay que pensar en un punto intermedio entre esos dos modelos, porque no es bueno que un juez tome decisiones que les corresponden a los ciudadanos, pero también es cierto que nada hay más peligroso que decisiones importantes en manos de mayorias circunstanciales", argumentó el supremo magistrado.

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