El pasado domingo Roberto Caballero escribió en este diario que "si el kirchnerismo no hubiera mantenido las mayorías parlamentarias en octubre de 2013, el Parlamento Nacional estaría discutiendo hoy la manera de llevar a juicio político a Cristina Kirchner". Es cierto. Otra hipótesis completa el cuadro: si Cristina no hubiera conformado las listas electivas ya en 2011 con un recorte ideológico claro, una pertenencia indiscutible al kirchnerismo, y una lealtad impermeable a las operaciones y el tráfico de intereses particulares, también el país estaría por estas horas al borde del golpe institucional. Cuando el oficialismo forzó la ruptura con la desflecada muchachada moyanista, dejándola sin lugar en las listas del FPV, hasta Carta Abierta alzó en su declaración Nº 11 su voz crítica. Pero Cristina tenía razón. El trasvasamiento generacional con los impetuosos jóvenes Unidos y Organizados demuestra en estos días su gravitancia, y su razón de ser política.

El ejemplo inverso de esta contingencia es Brasil. En el país vecino, clave en la construcción de la alianza regional, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, era un aliado de Dilma y del PT. Él es quien puede aprobar o mandar al tacho de los papeles que no sirven el impeachment contra la presidenta. Antes de hacerse del codiciado cargo en la Cámara, Cunha decía que esa modalidad de pleito político-institucional entre los poderes, significaba un golpe, y que por tanto no lo apoyaría. Hasta que alcanzó el alto puesto en Diputados. Desde entonces, no hace más que ahondar su distancia con la presidenta, sobreactuar sus diferencias (la última fue exigirle al gobierno que condene la detención del alcalde de Caracas), y, desde luego, nadie asegura que no vaya a dar curso al impeachment. Esa debilidad intrínseca del gobierno brasileño no se padece aquí.

En la Argentina, el golpismo tendrá que seguir participando. El FPV mantiene favorable la correlación de fuerzas en ambas Cámaras del Congreso. La mandataria ejerce un claro liderazgo sobre el PJ, tanto que apenas comenzó la campaña destituyente la mayor organización partidaria del país emitió una fuerte declaración política de apoyo a Cristina. Los gobernadores mantienen la gobernabilidad. Y una estructura importante de cuadros técnico-políticos gestiona áreas clave del Estado, al tiempo que extiende su desarrollo territorial y mantiene intacta su capacidad de movilización. Toda esta ingeniería le permite al oficialismo mantener su centralidad política, dictar la agenda e impedir que nadie le marque la cancha, como dijo Cristina. Como la vía legislativa para clausurar abruptamente el ciclo abierto en 2003 está agotada, a la derecha no le queda otra que recurrir a gestos melodramáticos (la marcha de los paraguas, el silencio, o vaya a saber qué harán sus diputados y senadores durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo), o al histrionismo de un grupo de fiscales.

A propósito, el Partido Judicial necesita tener, como todo partido que se precie de tal cosa y aspire a contar con respaldo masivo, una pata sindical. Qué problema. ¿Alguno vio la foto de Moyano o Barrionuevo en la marcha de la mímica? Nada. Los escondieron debajo de los pilotines. Demasiado mal hablados para los ilustrados sectores medios, con acceso a bienes culturales y visiones muy ideales sobre la realidad y sus conflictos, que protagonizaron el 18F. Excepto Piumato.

El gremialista de los judiciales, abogado y amigote de jueces y fiscales, es perfectamente capaz de traicionar al mismísimo dirigente camionero si los publicistas del Partido Judicial así lo exigen. ¿Y qué exigirán próximamente? Que los diferentes referentes de la oposición cumplan su parte en el contrato que suscribieron con fiscales y medios dominantes, y se unan en una sola propuesta electoral, lo suficientemente atractiva para un electorado en plena catarsis. En ese desafío, el que puede aportar es Ricardo Lorenzetti.

El presidente de la Corte Suprema se mantiene extrañamente silencioso. Desde enero, pareció estar al margen de los conflictos terrenales de la política, como Bergoglio antes de ser Francisco. Distante, sí, pero no ajeno. A una distancia prudencial. Lorenzetti informó a través de su sitio personal de prensa (el CIJ) que se reunió en plena feria con la jueza Fabiana Palmaghini. No le hizo falta ir a empaparse a la marcha del 18F: con recibir a la querellante Sandra Arroyo Salgado y dejar trascender que estuvo de acuerdo con sus interesadas críticas a la investigación era suficiente. Unos días antes, había recibido el resultado de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Nisman antes que la propia fiscal que ordenó el examen (¿cuántos juicios políticos contra la Procuradora exigiría la oposición si Gils Carbó fuera informada por la fiscal Fein del resultado de las medidas de prueba antes que la jueza o las partes?). A Lorenzetti nadie le dice nada.

Sin dudas, el juez de Rafaela vería con sumo agrado la escalada del conflicto, que la oposición quiere convertir en crisis política y los fiscales golpistas en grave rivalidad entre poderes. Para las locas ambiciones del presidente de la Corte no existe escenario más propicio: él, que oficia de un Pontífice institucional, sería el único actor capaz de reunir bajo su figura a todo el arco opositor y hacer posible la convergencia electoral de todos sus exponentes en una sola propuesta, que le permita al país salir del caos y la confusión adonde quieren dirigirlo. No sería la primera vez que la naturaleza invierta el orden de prelación e imite al arte.

A propósito, al día siguiente del 18F los cuatro miembros que le quedan a la Corte rechazaron la posibilidad de investigar como crimen de lesa humanidad las torturas cometidas contra soldados argentinos en Malvinas. El beneficiado fue Jorge Eduardo Taranto, quien actuó en las islas como Sub Teniente del Ejército. Este oscuro personaje, que pasó por el periodismo y fue parte de los equipos de "Telenoche Investiga", primero estuvo vinculado a Daniel Hadad y montó una agencia privada de extrañas averiguaciones, junto con el coronel Carlos Doglioli y Mario Perel, un civil quien fue encontrado muerto junto con su mujer en un appart hotel de Cariló, en febrero de 2001. Perel, socio de Taranto, se jactaba de tener vinculaciones con el Mossad, la CIA, la SIDE y hasta decía haber sido oficial de inteligencia israelí en la Guerra de los Seis Días. Siempre quedó la duda de si su muerte se trató de un crimen o un suicidio.