Lonkos Mapuches denuncian activistas en la toma de tierras

Así lo aseguró Carlos Sapag, hermano del gobernador de Neuquén y de la intendenta de San Martín de los Andes, Luz Sapag. Dijo además que la Confederación Mapuche planifica "una enorme apropiación de valiosos bienes" en la provincia de Neuquén y las Regiones IX, X y XI de Chile. Ahora Chile recurre a la ONU y Neuquén al gobierno de Cristina Fernández
Lonkos fundadores de la Confederación Mapuche denunciaron infiltraciones en sus comunidades, rechazando las actividades violentas y tomas de tierras que se han incrementado en los últimos años en la provincia de Neuquén.

Así lo aseguró Carlos Sapag, hermano del gobernador y de la intendente de San Martín de los Andes, Luz Sapag. El empresario destacó que entre ellos se encuentran los lonkos fundadores Lucrecio Currumil de Quillen, José Puel de Moquehue y Amaranto Aigo de Ruca Choroy.

"Relaciones con grupos armados o guerrilleros"

En una carta enviada al Semanario La Bandurria de San Martín de los Andes, Carlos Sapag, expresa: "en el diario Río Negro del 20-09-09 un supuesto dirigente Mapuche de Neuquén, a veces Confederación Indígena Neuquina, me requiere ratifique o no, si tienen relaciones con grupos armados o guerrilleros. Dice "vinculándonos" en intencionada imprecisión".

Sapag agrega que "el nombre de este supuesto mapuche es Lorenzo Loncon, de nacionalidad chilena, quien firmó para la "Coordinadora Popular Colombiana de París", una carta internacional el día 16/07/09 en apoyo a la Senadora Piedad Córdoba, donde entre otras cosas dice "valoramos que la guerrilla de la FARC_EP esté dispuesta a intercambiar prisioneros..." pero agrega que "se debe acordar un protocolo de seguridad y mediación de la Senadora Piedad Córdoba", entre otras cosas, firma como werken Comunidad Mapuche Newen Mapu, prov. Neuquén, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia".

"Atacan con armas a propietarios y a la Policía"

Sapag también asegura que "en Chile existen sujetos armados (comuneros mapuches) que han secuestrado camiones para incendiarlos, han quemado campos y galpones, viviendas y valiosas maquinarias. Hay encapuchados que toman propiedades forestales y atacan con armas a los propietarios y a la Policía. Quieren quedarse con valiosísimas forestaciones que hacen de este país un gran productor y exportador de madera".

"La metodología de las tomas es la misma"

Detalló que "quieren quedarse con predios turísticos. La misma finalidad tienen las tomas en nuestra cordillera neuquina. La metodología de las tomas es la misma. Hay encapuchados, coordinación, muchos celulares, teléfonos satelitales, apoyo de sectores intolerantes y camionetas que por cierto no poseen los verdaderos mapuches. A principio de enero en 2008 en Villa Pehuenia activistas chilenos se reunieron en una parrilla con personeros locales, y a los pocos días comenzaron las tomas de propiedades".

Sapag especificó que "del 13 al 5 de marzo de 2009 activistas chilenos se reunieron en un campo tomado en Villa Pehuenia con personeros de la Confederación bajo la apariencia de una rogativa, para preparar nuevas tomas y "recuperación" de "territorio" que organiza y dirige esa Confederación, que ha planificado una enorme apropiación de valiosos bienes bajo la cobertura de la intencionada y disparatada distorsión que han hecho ciertos abogados".

Finalmente Carlos Sapag adelantó que "la justicia recibirá las pruebas de estas reuniones y podrá comprobar si por los pasos fronterizos ingresaron esos activistas o lo hicieron clandestinamente".

Reclamo de Jorge Sapag al gobierno nacional

Por su parte el gobernador Jorge Sapag mostró su preocupación por los últimos incidentes ocurridos en Quillén y aseguró que llevó su reclamo a mismo Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de la presidente Cristina Fernández. El periodista Hugo Moldes destaca que las declaraciones del mandatario se produjeron "en medio del aumento de versiones periodísticas sobre la existencia de presuntos elementos terroristas en la región cordillerana neuquina que se encuentra lindante con Chile, país que soporta una fuerte tensión con comuneros mapuches que reclaman terrenos en base a un derecho ancestral".

Sin embargo Jorge Sapag fue contundente al recordar que "todos vivimos en el territorio argentino y neuquino y todos estamos amparados por las mismas leyes y constituciones y por la misma bandera celeste y blanca, que es la bandera Argentina"

Chile recurre a la ONU

El gobierno chileno negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, que hubiera utilizado abusivamente su ley antiterrorista en perjuicio de la comunidad mapuche. Dicha ley data del gobierno militar de Augusto Pinochet.

El embajador chileno, Carlos Portales, afirmó que "los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena. Entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos, y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena".

La posición chilena fue expuesta durante el debate de aprobación del informe final de su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de control donde se revisa la situación general de los derechos humanos de cada uno de los 192 estados miembros de la ONU y al que cada país está obligado de someterse cada 4 años.

En agosto pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU había instado al gobierno chileno a revisar la aplicación de la ley antiterrorista, estimando que ésta había sido aplicada "principalmente a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales".

Asimismo, la Unión Europea le había recomendado a Chile que revisara dicha ley, para impedir que se persiguiera "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso".

Una docena de ONG que pudieron intervenir en las deliberaciones en la ONU fustigaron la versión oficial chilena, en particular Danielle Mitterrand, viuda del ex Presidente francés, quien acusó al Estado de Chile de "criminalizar las demandas del pueblo mapuche, aplicando una cruel represión de la que yo misma he sido testigo".

"La Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar (...) engendra pérdida de garantías de un proceso equitativo, mantiene en secreto una gran parte de la investigación, impone la prisión preventiva como medida de precaución y agrava las penas que la ley penal ordinaria aplica a los delitos comunes", señaló Mitterrand, que dirige la Fundación "France Libertés".

En tanto, Andrea Marifil, de la Asociación Internacional contra la Tortura, denunció que "las protestas pacíficas que forman parte de los derechos constitucionales son continuamente reprimidas (...) en los últimos 6 años, 6 mapuches han sido asesinados por la policía; aún cuando los autores de dichos delitos están identificados, ninguno de ellos ha sido condenado".

Finalmente, Reynaldo Mariqueo, del Comité Mapuche de Derechos Humanos, acusó que el Estado chileno está empeñado en despojar a los mapuches de su identidad cultural y formas de vida, al negarles el derecho a la fuente principal de su existencia: "sus territorios ancestrales".

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