Locos por el rating

Por: Silvio Santamarina.

Si tanta atención por la guerra mediática tuviera que ver realmente con los millones que hay en juego, sería más razonable que los argentinos hubieran seguido y debatido en masa la puja entre el Gobierno y el Grupo Techint, tema que en rigor se restringió a una elite especializada.

Los medios de información son un negocio, aunque ni tan grande como se supone, ni tan generalizado. Es más, los cambios culturales y tecnológicos atados a la globalización tuvieron un efecto paradójico: en los años 90, la explosión de la oferta mediática –en la Argentina y el mundo– provocó un crecimiento del consumo informativo, es decir que más gente empezó a dedicarle más horas de su vida a leer, escuchar y mirar medios de comunicación. Eso formó un rulo aparentemente virtuoso con la ola de inversiones multimillonarias en empresas de medios y alimentó la moda de los multimedios. Esa foto de época muestra una importancia desmesurada del periodismo en la vida pública. Pero la historia siguió, los medios de difusión se multiplicaron, la sobreoferta empezó a saturar a la gente, y la pauta publicitaria y los lectores/oyentes/espectadores/internautas se atomizaron en un laberinto cada vez más inabarcable de demanda dispersa y diversificada. Si a esto se le suma la crisis financiera internacional con que está comenzando el siglo XXI, es fácil comprender que el presunto negoción de los medios no es tal, o en todo caso no es tan importante como para tener en vilo a la sociedad, obsesionar a un gobierno y condicionar a la oposición. Si tanta atención por la guerra mediática tuviera que ver realmente con los millones que hay en juego, sería más razonable que los argentinos hubieran seguido y debatido en masa la puja entre el Gobierno y el Grupo Techint, tema que en rigor se restringió a una elite especializada. La explicación alternativa –y probablemente más acertada– tiene que ver con la influencia que la estructura de propiedad del espacio mediático tiene sobre el funcionamiento de la democracia. Y aquí se oculta el verdadero problema que la clase política y los votantes –tanto oficialistas como opositores– no han llegado, por ahora, a debatir.

¿No será que estamos exagerando el supuesto poder de los medios de comunicación? O, mejor dicho, ¿no será que tanto dirigentes como ciudadanos comunes hemos abdicado cómodamente de nuestra responsabilidad de hacer política cuerpo a cuerpo, más real y territorial, además de la política virtual que ofrece la arena mediática? ¿Cómo se explica que, detrás de las celebridades del debate político con alto rating, no puedan armarse esquemas consistentes de representación que merezcan llevar el nombre de "partidos políticos"? Mientras la sociedad no se digne a contestarse estas simples preguntas, la bola de nieve de la guerra de los medios y el Gobierno seguirá creciendo a un ritmo y en proporciones desmesuradas, al punto de embarrar la agenda de prioridades de un país con demasiada miseria material e institucional.

Hipocresía 1: Ante la sospecha razonable de que el kirchnerismo podría utilizar una nueva ley de medios para monopolizar la comunicación masiva y armar un negociado personal, la oposición salió a denunciar la maniobra y a proponer leyes alternativas; lo mismo contestaron las empresas más amenazadas. La pregunta es: ¿Por qué en un cuarto de siglo de democracia no se llegó a tratar en serio una reforma de la normativa mediática, si tan clave resulta para el sano transcurrir de la vida republicana? ¿Adónde estuvo enfocada la opinión pública todos estos años?

Hipocresía 2: La dirigente ruralista María del Carmen Alarcón fue lapidada mediáticamente en las últimas horas por haberse reintegrado al kirchnerismo como funcionaria agropecuaria. Las denuncias de "borocotización" sólo recuerdan su militancia anti-K en la guerra del campo, pero no rescatan una anécdota incómoda: luego de uno de los actos fuertes del ruralismo en San Pedro, Alarcón apareció en los canales de noticias como vocera genuina de la protesta de base, y su intervención logró el mayor rating minuto a minuto, lo cual molestó a las celebridades nacientes de la Mesa de Enlace, que ordenaron bajarla de los palcos desde entonces. La misma "censura de palco" le infligieron a Elisa Carrió, también por celos y problemas de cartel, como dicen las vedettes.

Hipocresía 3: En el macrismo sostienen que el Fino Palacios era el mejor jefe disponible para la nueva policía porteña, pero cuando las quejas opositoras empezaron a prender en los medios, los PRO fueron perdiendo la convicción, e incluso Macri llegó, en conferencia de prensa, a echarle la culpa a la opinión pública de la enésima marcha atrás de su gestión.

Hipocresía 4: Los Kirchner gobiernan más que nunca con un ojo puesto en la prensa y otro en la tele. Para recuperar aliados, prometen cambios de rumbo y de estilo, e incluso declaman en privado su disposición a pedirles un paso al costado a personajes polémicos como Guillermo Moreno. Eso sí: sólo tomarán esas medidas de Estado cuando los medios dejen de pedirlas, para no mostrar gestos de debilidad ante la opinión pública.

En este pantano de contradicciones y verdades a medias, se debate el proyecto oficial de servicios audiovisuales. En un Congreso que, luego de aquella maniobra K de adelantar las elecciones, quedó desinflado de representatividad. De eso se agarran todos los que se oponen a la nueva ley de medios. Ambos bandos pecan de superficiales. El Gobierno quiere apurar una resolución antes del cambio parlamentario de diciembre, contradiciendo con sus tiempos atolondrados la importancia estructural que el propio discurso oficialista le concede al debate sobre los medios en el futuro de la democracia. Y en la otra vereda, dramatizan esta votación como si fuera la última vez que se discuta el tema: de visita profesional en Buenos Aires, el director de la televisión pública alemana, Eric Bettermann, aconsejó ayer no apurarse a concluir con una sola ley la discusión sobre los medios en democracia. El jefe de la Deutsche Welle asegura que la renovación tecnológica permanente obligará a seguir votando normativa tras normativa para garantizar la calidad democrática del espacio audiovisual de los próximos años. Mande quien mande.

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