Llevarían a juicio a 70 militares por torturas a soldados en Malvinas

Es porque una jueza de Río Grande rechazó un pedido de prescripción del caso.
Para una jueza, los más de 80 casos de malos tratos que ex combatientes de Malvinas denunciaron haber sufrido por parte de sus superiores durante la guerra con el Reino Unido son "delito de lesa humanidad" y de carácter "imprescriptibles". Se trata de la jueza Lilian Herraez, a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Río Grande adonde está radicada esta histórica megacausa, por ser las islas jurisdicción de Tierra del Fuego. La magistrada lo resolvió a fines de marzo, aunque Clarín lo supo ayer, al tener de fuentes ligadas a la investigación la resolución que así lo confirma.

Pero esta causa de Río Grande como otra similar aunque sobre un solo caso que está radicada en Comodoro Rivadavia fueron apeladas por algunos de los acusados ante la Cámara Federal de Comodoro. Esta debe ahora decir qué hace: si confirma o no que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto, permitir o no que se siga investigando sobre los tratos de los oficiales y suboficiales a sus tropas durante los días del conflicto de 1982.

Los juicios que Herraez investiga y por los que aún no ha llamado a declarar a los más de 70 oficiales y suboficiales denunciados son, entre otros, homicidio (como el del soldado Rito Portillo, presuntamente fusilado por un cabo) abandono de persona (como el caso de Remigio Fernández, quien en la causa figura como muerto por hambre), torturas (estaqueos como el que denunció el soldado Ricardo Sinchicay haber recibido por orden del capitán de fragata Carlos Bianchi), lesiones graves y reducción a la servidumbre.

La causa por malos tratos durante la guerra de Malvinas se abrió en Río Grande en abril de 2007 cuando el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel patrocinó a una veintena de ex soldados de esa provincia que se presentaron ante Herraez quien, con el tiempo fue recibiendo decenas de otros testimonios hoy suman más de 100 que le fueron llegando de todo el país. De la misma Tierra del Fuego, de Chacho, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital, donde por ejemplo, el ex soldado Silvio Katz, logró radicar una denuncia por antisemitismo durante la guerra por parte de sus superiores, que presentó inicialmente ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

En febrero pasado, la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Selemme sentó un histórico precedente al considerar como delito de lesa humanidad y crimen de guerra el caso del ex soldado Juan Carlos Gómez, quien denunció a dos superiores por haberlo estaquedo, pero en una instalación militar del continente en los días previos a embarcarse a Malvinas. Un mes después, Herraez tomaba un paso similar pero ya sobre hechos presuntamente ocurridos en las islas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Lo hizo al rechazar un pedido de prescripción. "Concordantemente con lo explicitado con el Sr. Fiscal un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad, si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor", consideró Herraez.

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