Llega a su fin la clausura de COVILU

El lunes, la intendenta Rosso se reunió con familias que tienen viviendas adjudicadas en el predio del barrio Parque Lasa. La jefa comunal comunicó que el levantamiento de la medida es un hecho.
Después de casi cuatro meses de incertidumbre y malestar, la Municipalidad dejará sin efecto la clausura que pesa sobre un predio que la Cooperativa de Viviendas Lujanense (COVILU) tiene en el barrio Parque Lasa.

Así lo comunicó la intendenta Graciela Rosso el lunes, en una reunión que mantuvo con familias cuyas casas, que están a punto de terminarse, forman parte del plan de obra detenido por la disposición municipal.

El encuentro entre los principales perjudicados por la medida y la jefe comunal se concretó después de reiterados pedidos de audiencias efectuados a semanas de concretarse la clausura.

En Parque Lasa, el complejo habitacional que proyecta COVILU contempla la construcción de unos 50 inmuebles. De ese total, 19 casas esperaban ser terminadas durante el verano, pero la finalización de las construcciones debió suspenderse por la faja municipal. Esto generó cuotas parejas de incertidumbre y malestar en aquellas personas que de esa manera vieron demorado el sueño de acceder a la casa propia. Como en su oportunidad informó EL CIVISMO, la suspensión de los trabajos obligó a la postergación de las mudanzas, y esto derivó en nuevos contratos de alquileres por parte de aquellas familias que a pesar de tener sus viviendas casi listas, estaban imposibilitadas de ocuparlas.

Esta semana, EL CIVISMO intentó dialogar con el secretario de Obras Públicas, Adolfo Sigwald, para conocer los pormenores del inminente levantamiento de la clausura. El intento fue en vano. La solicitud de entrevista fue efectuada a Prensa Municipal, pero como viene sucediendo con otros temas, la inquietud periodística cayó en saco roto. Hasta el cierre de esta nota, el pedido continuaba sin respuesta.

De cualquier manera, de acuerdo a las averiguaciones realizadas por este bisemanario, el levantamiento de la clausura implica el pago de una multa por parte de COVILU y el compromiso de la entidad de presentar, en un plazo determinado, documentación adeudada sobre la obra.

La única comunicación pública que el municipio brindó sobre este tema fue en los primeros días de enero. En esa oportunidad, Sigwald marcó distintas falencias relacionadas con requerimientos legales incumplidos por COVILU. Entre otros problemas, habló de la falta de un certificado provincial de aptitud hídrica.

Después de esa comunicación, la Secretaría de Obras Públicas entró en un espiral de silencio que hoy, cuando la clausura tiene los días contados, se mantiene inalterable.

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