El llano en llamas

Los hechos de violencia urbana extrema tienen a la gente aterrada. Los centros de contención no están preparados para retener a los menores acusados de haberlos cometido, y para la custodia se contrata personal civil y desarmado. La provincia arde.
Cada día comienza con un relato aterrador que tiene como víctima a un ciudadano común, su familia, sus hijos. La población se reparte entre quienes dicen que esto no es más que una maniobra para justificar la represión policial sobre los jovencitos de piel trigueña, y quienes salen corriendo apenas ven una gorra Nike o una campera con capucha. Todos están alterados por recuerdos recientes de un arma sobre las costillas. Nadie atina a dar una repuesta seria desde el Estado, y los que tienen en sus manos las políticas de seguridad ofrecen como elemento tranquilizador una serie de palabras que no conforman.

El gobernador Daniel Scioli asiste a velatorios, recibe a los damnificados y dice que se va a ocupar, pero lo cierto es que ni el sistema judicial ni el Ejecutivo han logrado siquiera acercarse a una respuesta que lleve tranquilidad a la sociedad, atrincherada detrás de sus propias rejas.

El mes pasado trajo la novedad de que se confirmó una sentencia de dieciséis años de prisión de efectivo cumplimiento para un delincuente, que era menor de edad al momento en que cometió los hechos que ahora se le endilgan. No obstante, intentó a través de su defensa ampararse en los beneficios que le correspondían por encontrarse encuadrado en aquel grupo etario.

Se trata de BRD, procesado y sentenciado por los delitos de tentativa de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, tentativa de robo agravado por uso de arma de fuego, homicidio simple y homicidio cometido en ocasión de robo. El último cargo se refiere al recordado caso Dagatti, que dejara como saldo la muerte del joven Pablo, hijo del propietario de la casa de fotografía Imagen Color, de Santiago del Estero al 1900.

La desventaja es que todos los crímenes analizados en este proceso por los jueces de la sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Juan Manuel Fernández Daguerre, Raúl Alberto Paolini y Pablo Poggetto, fueron cometidos entre 2002 y 2003, lo cual deja traslucir que, más allá de los resultados, la demora que la Justicia arrastra es inadmisible.

El nene

Durante el juicio se recordaron los hechos que el entonces menor había protagonizado desde 2002, aunque él registraba ya una orden de captura durante 2001. Las acciones registran un grado creciente de peligrosidad y eficiencia criminal: el primero del año fue el asalto de la firma Osh Kosh de Rivadavia al 2700, realizado a punta de pistola, sin más violencia que su exhibición ni víctimas fatales, tras el cual él y su compañero de ruta fueron aprehendidos a pocas cuadras. Luego, otro robo similar realizado en "El palacio de la limpieza" de Moreno al 3200, cuando también fueron detenidos él y sus acompañantes, que esta vez fugaban a bordo de un coche con pedido de secuestro, y portando documentación apócrifa.

Pero el siguiente hecho que se le endilgó rayaba -como hizo constar el juez- el salvajismo, ya que tras un intercambio de insultos, el hoy condenado había atacado a Mirta Betiana Aguilera cerca de su domicilio de la calle Benito Lynch, porque la mujer se habría negado a declarar a favor de una persona de la familia B. BRD embistió contra ella, a criterio del fiscal "con intenciones de quitarle la vida", y comenzó golpeándola con una sección de caño blanco, del tipo de los que se utilizan como sostenes del piletas de plástico o lona.

Cuando la acompañante de la mujer corrió a buscar ayuda, él la derribó y causó serias y profundas heridas de arma blanca. Tras su análisis médico, fueron descriptas como de carácter defensivo: afectaron manos, antebrazos y muslos. Aguilera fue llevada de urgencia al Hospital Interzonal, donde dejó de existir horas más tarde por la hemorragia interna que le causó la herida cortante en la ingle. Pero ella había atinado a identificar a BRD a través de su apodo. Le dijo a su marido: "C me dio una puñalada".

Un mes después, el mismo menor formaba parte de la pareja que ingresó a la casa de fotografía del centro marplatense, y sin mediar explicaciones ultimó a tiros a Pablo Dagatti, que se acercaba con las manos en alto, ya que sus padres estaban siendo asaltados. El fiscal Oscar Deniro había solicitado una pena mayor, y tipificaba las figuras del delito diciendo: "se dan todos los requisitos formales para equiparar el proceso minoril al de mayores". Dijo que el acusado era menor por pocos meses, y agregó que se movía como un adulto.

Poco prendieron los argumentos de las defensoras intentando apartar al entonces menor de la culpabilidad: abundaron los testigos y las pruebas que lo ubicaban en el lugar de los hechos, tanto empuñando armas como consintiendo su uso y las consecuencias previsibles. La condena ha sido expresa, aunque tardía.

Papas calientes

La evidencia indica que los menores criminales son algo así como una molestia. Todos aceptan que la violencia extrema que destila su accionar actual tiene raíz en la injusticia social y la falta de contención familiar, pero la afirmación altisonante no resuelve los hechos. Ellos siguen allí, atrincherados junto a una entrada de coches, armados, esperando que cualquiera ponga la llave en la puerta de su casa.

Las declaraciones que Gustavo Lorenzo, asistente de Minoridad del Instituto Cerrado Mar del Plata y responsable de Niñez y Adolescencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ofreció a la emisora 99.9, sirvieron para dejar en evidencia la escandalosa situación que vive, por la falta de una política de tratamiento y custodia respecto de los menores acusados de delitos.

Después de años de reclamos desoídos, Lorenzo consigue por fin la mínima atención cuando una fuga protagonizada por cinco de los internos a su cargo devolvió a la calle al menor apodado "El Tona", acusado de ser quien diera muerte al joven Stéfano Bergamaschi en un cumpleaños familiar que se celebraba en la casa familiar de calle Vieytes. Como se recordará, El Tona – personaje de la Villa Mateotti donde hoy vuelve a pasearse con desparpajo y omnipotencia- había sido detenido en el hotel alojamiento donde se refugiaba junto a su ex novia, con el fin de burlar el rastrillaje policial en un sitio especial para mantener la clandestinidad.

"La fuga podría haber terminado en una tragedia", dijo Lorenzo, ya que se trata de un instituto que debería ser de máxima seguridad, porque allí se encuentran jóvenes acusados de delitos graves, pero no lo es. Alcanza con una distracción mínima para dar lugar a la fuga. "La única seguridad que tenemos son las puertas", dice, y "somos como un ladrillo más que hay que saltar para escapar".

Los empleados son cinco simples asistentes, personal civil desarmado que custodia a los asesinos más violentos, pero sin armas ni preparación alguna porque "se trata de menores". Tampoco el edificio los protege, porque hay puertas que no cierran, luminarias que no funcionan, pastos crecidos. En fin, todo lo que hace falta para amparar una fuga. No hay más policías que los dos efectivos que custodian el perímetro cada 15 ó 20 minutos, como si de esa manera pudieran impedir la huida.

Los asistentes de Minoridad llevan a los menores recluidos a tribunales o al médico, pero sin custodia, en coches particulares o remises. En tales momentos reciben las repentinas visitas de familiares y amigos de los chicos, que llegan armados a reclamar la libertad de sus allegados. "Nuestra vida depende sólo de que nos tengan lástima", dijo Lorenzo.

La provincia de Buenos Aires completa arde en dolor y pánico, mientras los institutos que el Estado pone para la contención de menores parecen un colegio secundario donde se quedarán mientras quieran. Los muchachos que acaban de cargarse a más de uno esperan simplemente el momento en que una puerta -que cuenta con el único límite de una cerradura común- quede abierta, y salen por fin a la desaforada llanura.

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