Llamativo silencio de concejales ante contundente medida judicial

Tras seis meses del pronunciamiento del juzgado Federal sobre el renombrado caso del intendente de Misión Taacaglé, el Concejo Deliberante no tomó determinación alguna y Leguizamón continua al frente del municipio. Los pobladores repudian el accionar de los ediles calificándolos de “obsecuentes y apañadores”.
A pesar de que el juzgado Federal Nº 1 a cargo de Marcos Brunos Quinteros dictó a mediados de año el auto de procesamiento sin prisión preventiva del intendente de Taacaglé, Víctor Hugo Leguizamón, alias “Chilu”, un halo de silencio sepulcral parece rodear a la concejalía del histórico pueblo. Según algunos lugareños los concejales no se animarían a tomar determinación alguna debido a los “favores políticos” que los involucrarían con Chilu, mientras que otros aseguran que habrá una parodia de juicio armada por los propios concejales, cuyo fin sería la restitución en el cargo tras limpiar la imagen del ejecutivo municipal.

“La impunidad una vez más está ganando la pulseada y solamente en Formosa podemos estar gobernados por delincuentes, pese a que lo diga la Justicia” sentenciaron, tras dejar en claro la negligencia con que actúan los concejales del lugar que como representantes del pueblo y como órgano de contralor del ejecutivo dejan mucho que desear.

La justicia Federal en Formosa había dictado a mediados de este año el auto de procesamiento sin prisión preventiva de Leguizamón, el intendente de Taacaglé que adquiriera relevancia nacional tras la emisión del programa Telenoche investiga por el trato que recibían los aborígenes en los periodos electorales.

Tras la exposición televisiva de las tropelías llevadas a cabo por el funcionario se hicieron efectivas numerosas denuncias en la sede de gendarmería de El Espinillo que comprometían seriamente a Leguizamón. Tras una exhaustiva investigación de la justicia Federal sobre el tema , de determinó la semiplena autoría de los hechos denunciados,.

A la fecha la medida del juez Federal se encuentra firme y no existe posibilidad de revocarla, tal como lo estipula la ley orgánica de municipios (1028) siendo causal de juicio político y destitución ,el funcionario sigue desempeñándose como intendente a pesar del dictamen de la justicia.

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