Llaman a indagatoria a dos ex dirigentes por la "batalla de Atilra"

Llaman a indagatoria a dos ex dirigentes por la "batalla de Atilra"
La jueza penal María Luisa Pérez Vara llamó para hoy a declaración indagatoria a dos ex dirigentes de la seccional local de Atilra (el gremio que nuclea a los trabajadores lecheros), en un nueva etapa de la causa que intenta esclarecer los graves hechos que se sucedieron en las inmediaciones de la sede sindical, el 3 de diciembre de 2008, que culminaron con un muerto y varios heridos.
Víctor Vega, ex secretario general de Atilra, y Eduardo Barbero, deberán declarar en el Juzgado de Instrucción Nº5, a cargo de Pérez Vara, quien asumió la pesquisa del caso el mismo día en que se produjeron los graves incidentes.

La jueza le imputará a Vega y a Barbero el cargo de "instigación al homicidio" del dirigente cordobés Héctor Cornejo, delito que conlleva la pena de 5 a 15 años de prisión. El único que está detenido por esta causa es Raúl Cazón, señalado como la persona que disparó y mató a Cornejo.

Fuentes del juzgado consultadas por LaCapital no quisieron adelantar si los dirigentes citados por la jueza podrían quedar detenidos, pues se trata de una declaración indagatoria y bien podría caberles esa posibilidad.

Las mismas fuentes confiaron, además, que el llamado a indagatoria a Vega y Barbero es la primera de una serie de convocatorias que tiene fijado el juzgado. "La semana que viene se va a llamar a más personas a indagatorias", acotaron, aunque no dejaron trascender los nombres.

Hasta ayer a la noche, Vega, uno de los convocados por la jueza Pérez Vara, aseguró en comunicación con LaCapital que no había recibido ninguna notificación oficial. "Estuve toda la mañana en mi casa y no me llegó nada. Tampoco mi abogado me informó nada. Me estoy enterando por ustedes", dijo el ex secretario general de la seccional Rosario de Atilra.

Comprometidos. La dirigencia local de Atilra (el gremio ahora está intervenido) quedó complicada en la investigación, ya que un peritaje ordenado por la jueza poco después del grave incidente determinó que uno de los proyectiles fue disparado por una de las armas que la policía secuestró dentro de la sede sindical.

El proyectil analizado había impactado en el frente de una casa situada en la ochava opuesta al local gremial y corresponde a uno de los revólveres calibre 38 que fueron incautados en el allanamiento que la magistrada Pérez Vara ordenó minutos después de ocurrida la pelea callejera entre afiliados rosarinos al sindicato lechero y una columna de 800 manifestantes alineados con la conducción nacional de Atilra.

El resultado del peritaje contradijo lo afirmado por los dirigentes Vega y Ariel Chávez, quienes habían deslindado responsabilidades sobre el uso de armas de fuego e incluso habían puesto en duda el modo en que esas armas (dos revólveres, una pistola del 22 y un caño de escopeta) habían sido depositadas en el local. "Ese día entró y salió mucha gente del sindicato", dijeron.

Precisamente, el día de la gresca varios sindicatos enrolados en la CTA, más otras organizaciones sociales y políticas, fueron hasta la sede de Atilra a un acto de solidaridad con esos trabajadores, que días atrás habían tenido un altercado con militantes de Atilra nacional, identificados con la CGT que lidera Hugo Moyano.

Crónica anunciada. "La batalla de Atilra" fue la crónica de la violencia anunciada, ya que había de antemano indicios de que algo grave podría suceder ese día, como finalmente ocurrió.

Incluso, la conducción de Atilra Rosario había advertido al gobierno provincial sobre la posibilidad de que se produjeran incidentes por la llegada de militantes del gremio enrolados con la CGT.

A pesar del operativo de prevención, nada detuvo la batalla. Atilra Rosario acusó al ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, de haber "liberado la zona" para facilitar la llegada de los manifestantes opositores. El gobierno de Hermes Binner descargó en su momento la responsabilidad aduciendo que no iba a reprimir una manifestación de trabajadores.

Detenido. Por la causa que hoy retoma su impulso, está detenido solamente Raúl Cazón, acusado de ser el responsable material de la muerte de Héctor Cornejo. La Justicia intentará ahora probar que los dirigentes locales de Atilra fueron los "instigadores".

Cazón, un hombre de 36 años, estaba vinculado a la barrabrava de Newell’s Old Boys y solía prestar servicios de patovica en boliches. Según declaró, ese día había sido contratado por la seccional Rosario de Atilra para garantizar la seguridad del acto que se realizaba frente a su sede. Por ese trabajo, habría cobrado 100 pesos.

Tras permanecer dos días prófugo, Cazón se entregó y dijo que él no disparó ningún arma y que decidió ponerse a disposición de la jueza Pérez Vara porque su vida corría peligro.

Según fuentes de la causa, la situación de Cazón se ve comprometida por imágenes grabadas durante la batalla que aparentemente mostrarían al custodio abriendo fuego contra el grupo de manifestantes de la conducción nacional, identificados con remeras amarillas y al que pertenecía el asesinado Cornejo.

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