Un llamado de atención para la política

Por Adrián Ventura

La decisión de la Corte de pedir informes al Poder Ejecutivo, aunque es un primer paso formal en una causa que puede durar años, también es una nueva señal del alto tribunal a los poderes políticos y entronca con las flaquezas del debate que se libra en estos días en el Congreso alrededor de las reservas del BCRA y de la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Por lo pronto, el alto tribunal podría haber rechazado in limine el amparo o podía comenzar a tramitarlo. Hizo lo segundo. La demanda de San Luis no es descabellada, contiene argumentos sólidos y, aun cuando algunos jueces creen que es prematura, el tribunal dio el primer paso formal.

Por otro lado, la Corte viene dando reiterados mensajes de la necesidad de ponerle límites a la arbitrariedad política: por ejemplo, la semana última recibió a treinta y cinco senadores de la oposición para escuchar sus planteos contra el régimen de coparticipación federal.

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Pero la Corte hizo, por sobre todas las cosas, una buena utilización de los tiempos: le pide al Ejecutivo que informe en diez días, pero anticipó que no estudiará la respuesta hasta febrero, cuando los jueces vuelvan a reunirse. Mientras tanto, será tiempo de que la oposición se despierte.

El tribunal le está dando tiempo a que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se expida. La decisión de aprobar o rechazar el DNU tendrá efectos en tribunales. Pero justamente es en el Congreso donde comienzan los problemas, agudizados por una lectura muy precaria de los legisladores hacen de los mecanismos legales que ellos mismos crean.

En efecto, oficialismo y oposición discuten quién preside el cuerpo, que está empatado en número de miembros. Eso es importante porque la firma del presidente es la que desempata y convierte el pronunciamiento en dictamen de mayoría. Pero hay tres detalles que los políticos, sobre todo los de oposición, deberían tener en cuenta:

* La Comisión Bicameral tiene el deber de expedirse en 10 días y, según la ley 26.122, los plazos corren inexorablemente, se pronuncie o no.

* Si la Comisión no se expide, el artículo 20 de la ley dice que comienza a correr el plazo para se expida cada una de las cámaras.

* Mientras se sustancia todo este debate político, el DNU cuestionado sigue vigente. Por eso, el Poder Ejecutivo podrá hacer lo que quiera con las reservas (artículo 17). La ineficiencia de la oposición beneficia al Gobierno.

* Pero la verdadera clave de las dificultades para controlar los DNU, en el régimen de la ley 26.122 -que fue aprobada a instancias del Gobierno, para dificultar el control- está en el artículo 24 de la ley: un DNU sólo puede ser derogado si es "rechazado por ambas Cámaras del Congreso".

Es decir, si una de las cámaras rechaza el DNU (por ejemplo, Diputados, dominada por la oposición), pero la otra cámara se calla (por ejemplo, el Senado), el DNU seguirá vigente.

En definitiva, el éxito de la oposición dependerá de los acuerdos políticos que logre en el Senado.

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