La línea sigue sin tono

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ratificó ayer a través de un comunicado que la resolución 44 que suspende los derechos políticos de los directores y síndicos de Telecom Argentina designados por Telecom Italia no es más que una reiteración de una exigencia que ya figuraba en la resolución 4 que en enero obligó a Telefónica a notificar su ingreso en Telecom. Los italianos, por su parte, insisten en que es diferente a lo que se resolvió en enero y que constituye una "confiscación", pero todavía no apelaron ni se presentaron en la CNDC para pedir explicaciones.
En el comunicado de prensa, la oficina antimonopolio buscó también dejar en claro que, frente a operaciones de concentración económica como la que está bajo análisis, tiene la atribución de dictar medidas que ordenen no innovar o incluso prohibiciones concretas con el objetivo de preservar y promover un mayor grado de competencia. Además, resaltó que esas decisiones son una práctica común a nivel internacional. De este modo, le salieron al cruce a Telecom Italia que el sábado sostuvo que la resolución constituye un abuso de facultades por parte de la CNDC.

En el Gobierno están convencidos de que los italianos quieren embarrar la cancha porque saben que su alianza con Telefónica hace inviable su permanencia dentro de la firma. Desde que se anunció la operación, en abril de 2007, la estrategia de italianos y españoles apuntó a demostrar que no tenían que notificar porque la transacción no constituía una concentración económica en el país y, por lo tanto, no estaba alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó al organismo regulador a iniciar una investigación preliminar de donde surgió que sí tenían que hacerlo. Eso selló la suerte de la operación, pero el dictamen final se demora porque la CNDC está evaluando qué impacto tiene en los distintos mercados antes de ordenar una desinversión. Mientras tanto, suspendió los derechos políticos de los accionistas y sus representantes. "Eso se decidió en enero. Por lo tanto, si ellos pensaban que era confiscatorio deberían haberlo dicho en ese momento", señaló una fuente oficial a Página/12.

–¿Por qué entonces se volvió a decir lo mismo el viernes?

–Porque los veedores detectaron que se hizo uso de algunos derechos políticos y se creyó necesario reafirmar lo dicho.

En el Gobierno se niegan a detallar cuáles fueron los "cambios y alteraciones en la organización funcional del grupo" que detectaron los veedores. Sin embargo, tal como aseguró Página/12 ayer, una de las modificaciones que motivó la reacción oficial fue la salida de Guillermo Gully, director general corporativo. Su función fue asumida en los hechos por el director general operativo, Franco Bertone, quien de ese modo se convirtió en un virtual CEO, pues esos dos puestos concentran las responsabilidades que tenía el ex gerente Carlos Felices, quien dejó la empresa en abril del año pasado y nunca fue reemplazado.

Los italianos afirman que ese hecho es irrelevante porque tanto Gully como Bertone responden a ellos, pero además remarcan que no les dieron ninguna explicación oficial. En la resolución 44 se hace mención a documentación adjunta que sustenta la decisión, pero ellos aseguran no haberla visto. Además, insisten en que no tiene el mismo alcance la resolución de enero que la firmada el viernes. Sostienen que en la primera se les exigía a los directores y síndicos de Telecom Argentina que no interfirieran con la decisión de quitarles los derechos políticos a los accionistas y ahora afirman que son ellos quienes pierden los derechos políticos y que eso es "arbitrario e ilegal". Todo parece indicar que seguirán con su reclamo en los tribunales.

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