Los límites de una reforma inexorable

Por Adrián Ventura

La reforma del Consejo de la Magistratura parece inevitable: es necesaria, tiene bajo costo político y abre la oportunidad de oxigenar un organismo que se perjudicó por la sanción de una mala ley, pésimamente aplicada por algunos consejeros oficialistas.

Ayer, el nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, concurrió a la Corte con una propuesta conciliadora: dio una buena señal al asegurar que la secretaria de Justicia, Marcela Losardo, una funcionaria de excelente diálogo con los jueces, continuará en funciones y le manifestó al tribunal su voluntad de colaborar para buscar soluciones a distintos problemas. Los jueces le devolvieron gentilezas, pero instalaron el tema del Consejo.

Si bien todos los partidos de la oposición reclaman una modificación, el pedido de la Corte tiene peso institucional propio.

Para la Corte, el Consejo es una espina clavada en la Justicia. El organismo hizo todo lo que no debía hacerse y demoró injustificadamente la cobertura de vacantes, amañó concursos, administró ineficientemente el Poder Judicial, no planificó soluciones edilicias y presionó a muchos jueces.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, siempre con un tono conciliador, dijo que es necesario evaluar los distintos proyectos de reforma presentados por los partidos. Alak habló de buscar consensos.

Pero en la reunión surgió otro asunto: no sólo la ley del Consejo podría ser reformada, sino que, además, es importante que los partidos designen consejeros que estén a la altura de las instituciones. No fue necesario mencionar al diputado kirchnerista Carlos Kunkel para saber que la referencia aludía a ese consejero, un permanente factor de irritación entre los jueces.

El problema no es reformar el Consejo. Para el Gobierno, es el pedido menos costoso de todos los que le formula la oposición, a menos que tema una persecución judicial por actos de corrupción. Y es menos urticante que las pretendidas modificaciones, por ejemplo, de las leyes de superpoderes o el Código Aduanero -la Corte, en una causa, estudia si es constitucional la delegación del Congreso en el Poder Ejecutivo para establecer retenciones-.

Pero Alak tiene que hacer equilibrio entre los generalizados pedidos de derogar o reformar la ley de 2006 y las dificultades que le presenta el hecho de que esa ley fue aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, su actual jefa.

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