Límites de la Justicia hacen fracasar programa de prevención de venta de pirotecnia

Varias instituciones, encabezadas por la municipalidad, lanzaron un plan de denuncia de sitios de venta de pirotecnia. A través de la línea 103, más de 25 llamados revelaron lugares de expendio prohibido de este material. Pero como se trata de viviendas particulares, la comuna no pudo inspeccionar, y la Justicia rechazó autorizar allanamientos sin una tarea de inteligencia previa. Así, la venta de los peligrosos artículos se realizó sin control durante la Navidad. ¿Qué pasará en Año Nuevo? Informe de ANB.
La municipalidad y un grupo de organismos lanzaron a mediados de noviembre una campaña de prevención de venta y utilización de pirotecnia, buscando disminuir la proliferación de estos productos durante las fiestas.

Entre las medidas incluidas se promovió la utilización del número 103 para la realización de denuncias de sitios de acopio y venta de pirotecnia; y se difundió a través de diversos medios de comunicación y campañas ese mecanismo para advertir a las autoridades.

Pero las denuncias de los vecinos no surtieron efecto. Es que los inspectores y autoridades municipales verificaron que los lugares señalados eran casas particulares o comercios comunicados con viviendas, a los que los empleados de la comuna no pueden ingresar. “No tenemos facultad para allanar una vivienda”, explicó a ANB Oscar Zamora, titular del área de Relaciones Institucionales de la municipalidad, y referente del programa de prevención de uso de pirotecnia.

Ante esta situación, funcionarios municipales tomaron contacto con la Justicia, buscando contar con la autorización y participación para proceder al allanamiento que permita desactivar el comercio ilegal de pirotecnia.

Pero desde Tribunales se advirtió que “una simple denuncia telefónica no es suficiente para justificar un allanamiento”, y se reclamó al municipio un informe de inteligencia, o la participación de algún organismo de seguridad, como Gendarmería, Policía Federal o Provincial, que avale la existencia de un centro de venta de pirotecnia. Así lo confirmó a este medio, Guillermina Alaniz, directora General de Gobierno de la comuna.

La funcionaria se reunió con los representantes de la Fiscalía de turno durante la semana pasada, ante quienes realizó la denuncia correspondiente de algunas viviendas puntuales, en las que, según la denuncia vecinal, se venderían los productos prohibidos.

De esta forma, los límites impuestos por la Justicia, así como la imposibilidad jurisdiccional del municipio para proceder a inspeccionar domicilios particulares, hicieron caer en saco roto el proyecto de denuncia de venta de pirotecnia a través de la línea 103.

Muchos fueron los vecinos que, a través de los medios de comunicación, denunciaron que durante la Navidad fue “impresionante” la utilización de petardos, cañitas voladoras, y otros productos.

Normativa

Alaniz explicó que “en más de diez oportunidades se inspeccionaron comercios denunciados, pero, o eran casas particulares, o tenían una comunicación por una puerta con una vivienda, y allí, teóricamente se guardaba la pirotecnia”.

“En estos casos, necesitamos que un juez ordene un allanamiento, pero no lo logramos”, admitió la funcionaria ante la consulta de ANB.

Si bien la Ordenanza 676-CM-96, en su artículo 2º, establece la prohibición mencionada, lo cierto es que para estos casos la comuna se ve impedida de actuar. Esa normativa señala: “se prohíbe en el ámbito del ejido urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público mayorista o minorista y uso particular de todo tipo de elementos de pirotecnia y cohetería, sea este o no de venta libre y/o fabricación autorizada”.

Zamora explicó que “el pasado lunes había por lo menos 25 denuncias”, y se quejó porque “la Justicia nos dijo que sobre datos bien concretos de parte de organismos, con el aval de trabajos de inteligencia o Gendarmería, el juez no tiene problema en librar orden de allanamiento; pero no por un simple llamado”.

Otras medidas

Al margen de estas limitaciones, el plan incluyó el envío de notificaciones por escrito a kioscos, despensas y comercios en general, recordando la prohibición de comercialización de los productos. También se desarrollaron operativos de control en la vía pública, para intentar detectar el traslado de los productos.

Además, según informó Zamora, se comunicó a las empresas de transporte de carga sobre la vigencia de la ordenanza que prohíbe el traslado de estos elementos.

“El incumplimiento de la normativa dará lugar a multas desde 500 pesos, con clausuras de entre 15 a 30 días por primera vez, hasta la clausura definitiva en caso de reincidencia”, se informó desde la comuna.

En tanto, la Secretaría de Turismo local difundió entre los operadores turísticos “la información correspondiente, para que de esta manera puedan tomar todas las medidas preventivas para hacer cumplir la mencionada norma, informando a sus pasajeros, entidades educativas y adultos responsables sobre esta medida”.

En el programa de prevención participan además del municipio Parques Nacionales, el RENAR, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la Provincia de Río Negro, Prefectura, entre otros.

“Pretendimos hacer cumplir la ordenanza vigente, con acciones. Erradicar definitivamente no se puede, pero tratamos de, a través de las campaña, minimizar la venta y utilización”, indicó Zamora, y ejemplificó: “es como el problema de la basura, que es un tema de todos. Pasa el camión y al otro día está hecho un chiquero. Para superar esta situación es necesaria la toma de conciencia por parte de la comunidad”.

Finalmente, el funcionario confió que antes de la venta de pirotecnia antes de la fiesta de fin de año, el aporte de documentación a la Justicia, permita desarrollar allanamientos en los detectados centros de comercialización. (ANB)

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