Límite al manejo de fondos

Por Delia M. Ferreira Rubio.

La asignación de fondos públicos sobre base discrecional claramente atenta contra los principios de transparencia.

La ley 26.215, que regula el financiamiento de los partidos, creó, además del aporte anual y del aporte de campaña, un nuevo tipo de aporte estatal "extraordinario para atender gastos no electorales a los partidos políticos reconocidos". La distribución de este aporte es resorte discrecional del Ministerio del Interior ya que no hay ninguna disposición en la ley que determine qué partidos pueden recibir estos fondos, en qué cantidad y por qué causas.

La asignación de fondos públicos sobre base discrecional claramente atenta contra los principios de transparencia y genera un espacio propicio a la utilización partidista de los fondos públicos. En este punto, la ley 26.215 constituyó un retroceso significativo con relación a la ley anterior.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral ha venido a poner un límite al Ministerio del Interior en el manejo discrecional de estos fondos. La discrecionalidad en una república no es sinónimo de poder absoluto ni de arbitrariedad. Todos los recursos del Estado deben ser manejados de forma razonable, y además es deber de los funcionarios fundar sus resoluciones, es decir, explicar cuáles son los criterios utilizados para adoptarlas.

En 2008, Poder Ciudadano hizo un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre el criterio que utilizaba para asignar estos fondos y la respuesta fue que no había ningún criterio porque la ley no lo fijaba. Esa explicación, dice bien la Cámara, no basta en una república.

Es un caso similar al de la pauta publicitaria del Estado. No hay criterios en la ley para repartirla y el Gobierno parece utilizarla como mecanismo de premio a los medios amigos y castigo a los que tienen una línea editorial crítica. La jurisprudencia ha resuelto –en forma similar a lo que ahora dispuso la Cámara Electoral– que el manejo discrecional de estos recursos resulta discriminatorio y atenta contra los principios elementales de la república.

El Ministerio del Interior debe hacer transparente el criterio con el que asigna los recursos para que podamos evaluar si no está utilizando esos fondos para discriminar a los partidos de la oposición y beneficiar al oficialismo.

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