Un límite electoral que no es para todos

Un límite electoral que no es para todos

La Justicia definió el máximo de dinero que los partidos y alianzas podrán usar este año, y lo que podrán poner los aportantes. Pero los límites rigen sólo para el ámbito federal. Vacío legal en las provincias.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso, como todos los años, un techo a los gastos que los partidos y alianzas políticas podrán realizar en 2019 para sus campañas electorales, tanto de comicios primarios como generales. Además estableció la cantidad máxima de plata que los aportantes podrán donar a las fuerzas políticas.

Pero, también como todos los años, ese límite no será para todos. La restricción tiene carácter federal y será únicamente para campañas por cargos nacionales: Presidente, senador, diputado y parlamentarios del Mercosur (Parlasur). Las provincias quedarán atadas a sus leyes de financiamiento, aunque la gran mayoría, Buenos Aires incluida, no tienen.

El vacío legal que abre la falta de límites preocupa sobremanera a la Justicia Nacional Electoral y vuelve a encender una alarma que ya terminó en otros comicios con la judicialización de los ingresos y egresos en la previa de la votación.

Establecer límites

Los topes de gastos y aportes se definen mediante la multiplicación del número de electores del padrón nacional por el valor del “módulo electoral”, que se establece en el Presupuesto nacional y que para este año será de $13,5 (en 2017 fue de $9,43).

Del cálculo aritmético resulta el dinero que cada partido o alianza podrá consumir para las elecciones generales. En las primarias no se podrá superar el 50% de ese monto. Por caso, para estas PASO presidenciales podrán desembolsar hasta $226.780.877, y $ 453.561.755 para las generales.

El límite es alto. En las elecciones nacionales de 2015, Cambiemos fue la fuerza que más gastó, y apenas superó, según el informe de campaña, los $92 millones; mientras que el FpV utilizó unos $54 millones.

En el caso de los aportantes, la norma diferencia a las personas físicas de las jurídicas. Las primeras no podrán aportar más del 2% del total permitido (unos 9 millones), y las segundas, la mitad, el 1%.

Ambas están autorizadas a donar, aunque solo el dinero proveniente de personas físicas podrá ser usado en campañas. El de las jurídicas, obligatoriamente, deberá ir al desenvolvimiento institucional de los partidos, aunque por estas horas se debaten proyectos legislativos para habilitar aportes de empresas.

Pero eso no inquieta a la Cámara Nacional Electoral. La mirada de la Justicia es-tá puesta en la falta de normas y control de los aportes y gastos en las provincias, en especial en las denominadas “grandes”, como Buenos Aires.

Este distrito, el más determinante en materia electoral, no tiene ley de financiamiento de los partidos, y el control de la Junta provincial se reduce a una simple auditoría, una revisión contable.

La gravedad del caso terminó con denuncias judiciales en varias provincias, incluida Buenos Aires. Pero, además, existe otro desvelo en la CNE: la ley nacional permite aportes de dinero en efectivo, y eso dificulta más el control.

La Justicia le exige al poder político definir prioridades, y que antes de habilitar aportes de empresas privadas avance con cambios en la regulación y control, tales como las legislaciones provinciales y sistemas de contabilidad online, en tiempo real, del dinero que se recibirá y gastará en la próxima campaña electoral.

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