Limitan la asistencia financiera de las obras sociales en crisis

Ayer, la APE (Administración de Programas Especiales) modificó una resolución que aprobó la semana pasada por las criticas que recibió de la propia área de Salud y que estaba hecha a la medida de la obra social bancaria (OSBA).
La Resolución de Daniel Colombo Russell, titular de la APE, autorizaba a dar préstamos a entidades en crisis. De inmediato, el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio planteó que "sólo puede concederse asistencia financiera a los agentes del seguro de salud, con destino a programas especiales" y no a cubrir otros gastos.

Ahora Colombo Russell modificó la resolución especificando que las obras sociales que se encuentren en concurso de acreedores, caso OSBA, deberán acreditar una autorización judicial del concurso, a los efectos de que el Juez interviniente autorice a recibir el préstamo solicitado y manifieste dónde se depositarán los fondos". Y agrega que "la autorización judicial deberá contemplar la facultad de supervisión por parte del juez interviniente a través del Síndico a fin de que se cumpla con el destino del préstamo reintegrable".

La OSBA fue intervenida por el Gobierno en septiembre a instancias de la Justicia debido a que está siendo investigada "entre otros delitos, por la presunta falsificación, adulteración y provisión irregular de medicamentos" en la causa de la mafia de los medicamentos.

La intervención se justificó también porque "se advirtió una situación crítica y alarmante en la provisión irregular de medicamentos y la consecuente atención hacia los afiliados que estaría demostrando un total desamparo de los mismos", tras la detención del sindicalista Juan José Zanola.

Luego, el interventor de OSBA, Pedro Ferrara, solicitó a la Justicia el concurso preventivo que fue concedido por la frágil y difícil situación financiera de la entidad. Se estima que la deuda de la OSBA sería de $ 400 millones repartida entre unos 2.000 acreedores, a lo que se agregaría una cifra indeterminada por deudas impositivas.

Para garantizar el cobro de un eventual préstamo, ahora la resolución de la APE aclara que las cuotas se descontarán de la recaudación que le corresponde y no de los reintegros que deben recibir las entidades por los tratamientos de alta complejidad.

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