Limitaciones en el Tribunal de Cuentas y en la Justicia

El órgano de control del Estado se queda sin contar con nuevos auditores, sin poder reestructurar el plantel legal de abogados y sin poder ejecutar un convenio con la Universidad de Buenos Aires para efectuar un mejor control de los ingresos por regalías. Además la Justicia sufrió una reducción cercana a los 38 millones de pesos.
La reducción en casi 8 millones de pesos de los 24 que el Tribunal de Cuentas de la Provincia tenía presupuestados para este 2010 le impedirá al organismo llevar adelante un ambicioso proyecto para elevar el sistema de control, que se iba a ver reflejado a través de un aumento en la planta de auditores, en la elevación en el número de profesionales técnicos, en el rearmado del equipo de abogados, poseer una estructura de cómputos propia hoy tercerizada, y principalmente ejecutar un convenio con la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para efectuar un mejor control de los ingresos por regalías hidrocarburíferas, toda vez que en la actualidad el control de regalías se efectúa a partir de la información que brinda la Dirección Provincial de Rentas. Convenio con la UBA con el que se pretendía establecer un procedimiento que sirviera tanto para los auditores del Tribunal como también para la Secretaría de Hidrocarburos del propio Gobierno, y a su vez cruzar información con Nación, en la materia.

Entre otros aspectos, la disminución presupuestaria también impedirá cumplir con el incremento salarial al personal del 20 por ciento, pendiente desde el año 2008, refaccionar el edificio que el organismo posee sobre la calle 12 de octubre de nuestra ciudad, efectuar divisiones internas en el mismo, reparar los techos y principalmente efectuar un control más eficiente del funcionamiento del Estado.

De tal manera, el presupuesto de gastos e inversiones 2010 aprobado el pasado lunes 28 por la Legislatura provincial pone a las claras la importancia que los poderes Legislativo y Ejecutivo le dan al organismo, dado que de un total estimado en $ 2.337.841.436, las inversiones para este año no supera el 0,7 por ciento de ese millonario monto, del cual la Administración Central se queda con algo más de 90 por ciento.

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