Lifschitz criticó un estudio que cuestiona el nuevo Código Urbano

El intendente Miguel Lifschitz criticó ayer un estudio del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados que cuestiona duramente el nuevo Código Urbano. "Parece más un panfleto de los empresarios y propietarios afectados por el nuevo código que un dictamen propio de una institución tan prestigiosa como el Colegio de Abogados", sentenció.
A renglón seguido, remarcó que "llama poderosamente la atención que ese trabajo haya sido encomendado por la Asociación de Empresarios de la Vivienda al Instituto de Derecho Público y no al Instituto de Derecho Administrativo, que a todas luces pareciera más idóneo para entender en la materia".

"Los autores del documento no han considerado la evolución del derecho urbanístico desde larga data, en Europa y también en América, ni tampoco los avances que la propia Constitución Nacional introdujo en su reforma del año 1994, que en su artículo 41 reconoce el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano que incluye la preservación del patrimonio natural y cultural, como es el caso de las normas urbanísticas", indicó.

Lifschitz dijo que "a lo largo de todo el dictamen no hay ninguna fundamentación que permita afirmar, ni en un marco normativo, ni doctrinario ni jurisprudencial, la pretendida ilegitimidad, ilegalidad, arbitrariedad de las disposiciones del Código Urbano. Por el contrario, el Departamento Ejecutivo en uso de sus facultades legítimas elaboró el proyecto, que fue precedido de estudios técnicos adecuados realizados por expertos, el que tuvo, además, una amplia participación de sectores especializados en la materia", destacó.

En el Concejo. Lo cierto es que la reapertura de las actividades en el Concejo Municipal promete reabrir la discusión sobre las ordenanzas vigentes que conforman el nuevo Código Urbano. Al menos así lo expresó el radical Jorge Boasso, quien estará al frente de la comisión de Planeamiento y aseguró ayer que "la idea es convocar a una reunión con todos los sectores involucrados para convenir algunas modificaciones tratando de buscar consensos, pero remendando los aspectos que vulneran derechos constitucionales". La vicepresidenta de la comisión, la socialista Viviana Foresi, adelantó que "no se modificará el espíritu de la norma porque tuvo el suficiente debate", aunque sí consideró viable "la revisión de algunos puntos a la luz de la experiencia y la aplicación".

La discusión sobre la nueva normativa aprobada en 2008 fue planteada nuevamente por la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV). El presidente de la entidad, Marcelo Passardi, dijo que en octubre pasado habían presentado ante el intendente Miguel Lifschitz un dictamen del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados (ver aparte) que consideraba que la normativa contenía "notas de ilegitimidad, ilegalidad o arbitrariedad que afectan el derecho de propiedad de los particulares" y que pese a eso no habían recibido "ninguna respuesta" por parte del Ejecutivo municipal.

Boasso señaló que "los mismos argumentos planteados en el dictamen son los que utilicé cuando voté en contra de la normativa", y anticipó que a partir del inicio de las actividades en el Palacio Vasallo impulsará "modificaciones consensuadas con todos los actores involucrados".

La vicepresidenta de la comisión, en tanto, dejó en claro que desde el oficialismo "se apoya el espíritu del nuevo Código Urbano porque tuvo el debate suficiente" e incluso recordó que "la oposición no presentó ninguna alternativa por escrito". Sin embargo, no descartó la posibilidad de "realizar un diagnóstico tras un año de aplicación".

En ese sentido, indicó que "en la comisión asesora, donde participan todos los sectores, se evaluaron algunas alternativas correctivas y hay una actitud de corrección a la luz de la aplicación", y agregó que justamente uno de los puntos que se "va a trabajar es la reglamentación de los convenios de edificios y proyectos urbanísticos, que es uno de los planteos de los empresarios".

Por su parte, la justicialista María Eugenia Bielsa no sólo dijo que es necesario "dar un debate mucho más profundo", sino que además propuso "reformular y repensar" la normativa. En cambio, el concejal de Proyecto Sur y también miembro de la comisión de Planeamiento, Alberto Cortés, consideró que "la discusión planteada por los empresarios apunta a aumentar sus ganancias y no a mejorar la calidad de vida la población de Rosario", por lo que señaló que "difícilmente pueda coincidir en los objetivos de su planteo".

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