Licitarán sistema para controlar lo que extraen las operadoras en Santa Cruz

El ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, anticipó que “en breve” se llamará a licitación para disponer un sistema de “control” del gas y petróleo que extraen las operadoras en esta provincia con el fin de tener mejor información para calcular las regalías.
“Hay medidas que debimos haber tomado hace tiempo, como el control de regalías que ya tienen muchas otras provincias”, dijo el funcionario en una entrevista concedida al diario riogalleguense Prensa Libre. De acuerdo a lo que se transcribió en ese medio, Campillo reconoció que ante lo que declaran las compañías hidrocarburíferas se hacen “algunos controles, pero no son suficientes”.

“Modernizar rentas, hacer controles con la AFIP, controlar las regalías hidrocarburíferas, incrementar el canon minero, controlar los permisos de pesca; controlar los proyectos de inversión. Si cada funcionario se pone en policía de su gestión, realmente Santa Cruz va a ser un vergel porque tiene un potencial de recursos que hasta el viento tiene valor. Pero todo se remite a la gestión; no es lo mismo producir, que producir y controlar”, indicó.

A su vez, el ministro manifestó que esta medida servirá para mejorar los recursos provinciales. Otra posibilidad que no desechó es aumentar el valor de los cánones de las regalías, aunque no quiso abundar en detalles puesto que, aclaró, “será analizado en su debido momento” porque existen “contratos de por medio”. Empero, habló del antecedente neuquino de renegociación. “Por supuesto que nos podemos sentar a renegociar”, dijo Campillo.

REGALIAS MINERAS

Continuando con el tema de las regalías, no soslayó la cuestión minera cuyas empresas dejan un exiguo monto por el material extraído en los yacimientos. El año pasado, según contó Campillo, las firmas multinacionales mineras aportaron “16 millones de pesos a la provincia”. Ese dinero va a parar a Rentas Generales y engrosa la masa coparticipable con los municipios.

“Sí que es poco –admitió-, pero para cambiar eso habría que cambiar una ley nacional, algo que ya se está trabajando”, declaró.

Cabe acotar que la ley determina que las empresas mineras deben pagar un 3% del valor denominado “boca de mina” del total del mineral extraído en su primera etapa de comercialización. Y este valor se reduce aún más al descontarse los costos de extracción, molienda, refinación y comercialización, alcanzando un valor real de entre 1 y 2%.

En sus últimas expresiones, el mismo gobernador Daniel Peralta hizo referencia a que la mayor parte de los ingresos provinciales va a parar al bolsillo del empleado público. Sobre este tema, Campillo negó que esto sea así por un aumento de la planta del personal estatal.

“Lo que sí ha aumentado es el costo salarial, de más de un 300% en los últimos cinco años”, apuntó. Además expresó que también se incrementaron los “accidentes laborales”, aunque “siempre, casualmente, las carpetas médicas disminuyen en diciembre”, previo al período vacacional.

MUNICIPALIDADES

En cuanto a la asistencia financiera que se les otorga a los municipios desde la Provincia, Campillo indicó que “los ayudamos a soportar el gasto en salarios, ya que Santa Cruz somos todos y siempre el gobierno provincial ha sido paternalista en cuanto a sus municipios, los que están en un plano de inferioridad con respecto a la Provincia, tal como lo hace el gobierno nacional con las provincias, lo que no quita que los municipios tengan que tener responsabilidad fiscal, ni que deban tratar de cambiar su administración”.

Recordó que la discusión sobre la coparticipación municipal “no está cerrada. Ya está implantada la discusión de la Ley de Coparticipación, pero falta que aparezcan los diputados por pueblos, intendentes, que se pongan a elaborar proyectos”.

Pero advirtió que con una nueva ley de coparticipación “sola y aislada, no hacemos nada. El problema económico de los municipios no se resuelve con una ley, es mucho más profundo y vuelvo a decir lo mismo, no podemos repartir lo que no hay. Por eso no podemos pensar (a la futura ley) como una trampa financiera”.

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