Licitaciones públicas olvidadas

A lo largo de siglos el derecho administrativo ha generado y perfeccionado los procedimientos de selección de contratistas del Estado.
Hoy en día no nos equivocamos si decimos que esos procesos de selección "competitiva" de contratistas han generado una verdadera doctrina, amparada claro está por una vasta jurisprudencia sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer al respecto.

El objeto de todo este proceso –que quizás para algunos sea sólo "burocracia"– es múltiple: otorgar transparencia al procedimiento de contratación; elegir mejor entre varios candidatos; y por último bajar los costos que el Estado debe pagar o en su caso incrementar los cánones que debería recibir por estos

No es casual que en nuestra ciudad los contratos que se celebraron por contratación directa (no estamos diciendo que sean ilegales ni mucho menos porque se hicieron por ordenanza) no hayan dado los resultados esperados.

Así pasó con el meneado contrato con Draco para el reciclado de la basura que se hizo con ese mecanismo. Ni siquiera analizaremos si algún otro interesado –de existir claro está– hubiese ofrecido un canon mayor; sólo nos estamos refiriendo a que está claro que fracasó. De más está decir que la forma de averiguarlo es llamar a concurso o licitación y publicar un llamado de forma que otros interesados se enteraran y por ende acercaran propuestas.

Más recientemente y menos meneado, el de la digitalización del catastro municipal, también aparenta tener algunos problemas de eficiencia. En este rubro tecnológico es más curioso que no se aprovechara la oportunidad que brinda la competencia existente en ese sector tan dinámico de la economía para generar quizás mejores prestaciones y eventualmente precios (en este tema hay contratistas a lo largo y a lo ancho del espectro de provincias y municipios argentinos que pudieron ser escuchados).

Hace unas semanas nos enteramos que en otro sector dinámico de la economía, el de la tecnología aplicada a la detección de infracciones de tránsito, se pretende contratar directamente mediante ordenanza (lo cual es absolutamente legal pero no lo consideramos conveniente ni oportuno) a una empresa de Córdoba para que lo lleve adelante, como si no hubiera otras empresas que puedan dar el servicio.

Al haber numerosos proveedores en el mercado y al no existir una urgencia inferior a los dos ó tres meses que demora el trámite de una licitación o concurso, lo más aconsejable sería efectuar el correspondiente llamado, debidamente publicado en medios nacionales, claro está.

El último ejemplo es la empresa de Estacionamiento Medido y Control de Tránsito (EMICAR), que reemplaza por contratación directa a una antecesora estatal rionegrina ALTEC (las contrataciones de Estado a Estado se pueden hacer por contratación directa).

Algunos funcionarios sostuvieron que quieren prorrogar la concesión, cuando en unos pocos meses vence el contrato. ¿No sería más razonable aprovechar el tiempo que resta para realizar una compulsa de precios y servicios, en especial cuando ya hay al menos un interesado más? De hecho han surgido nuevas tecnologías que quizás resultarían más prácticas sin ser más caras. La única forma de saberlo es invitando a los proveedores del mercado a mostrar sus productos y que gane el mejor y más barato.

Para preservar la imagen del señor Intendente Quintela, cuya honestidad y buena fe jamás fueron puestas en duda, sería deseable que sus colaboradores agilicen los trámites de un procedimiento de concurso o licitación que permita seleccionar al contratista más calificado a mejor precio, y si el actual cumple con ese requisito seguramente podrá renovar su concesión.

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