Vía libre a la inmobiliaria Macri

Casi un año después de su presentación por el bloque PRO, ayer la Legislatura porteña aprobó por mayoría el proyecto de ley que le permite al gobierno de Mauricio Macri vender tres valiosos terrenos en Catalinas Norte (en el barrio porteño de Retiro) a un precio tres veces menor que el del mercado. Además, y para concretar definitivamente el negocio inmobiliario, se cambió la zonificación al autorizar la construcción de una megatorre de 130 metros de altura en Córdoba y Alem. Para el diputado de Diálogo por Buenos Aires y principal opositor a la iniciativa del Ejecutivo porteño, Eduardo Epszteyn, "es una clara descapitalización del Estado".
La historia inmobiliaria del PRO data de noviembre de 2008. En ese momento, el gobierno porteño envió a la Legislatura dos proyectos de ley para definir un más que rentable negocio para la construcción de torres en el centro de la ciudad. El primero desafecta la actual zonificación de tres terrenos en la manzana definida por las tres avenidas mejor valuadas en el barrio porteño de Retiro: Alem, Córdoba y Madero. El cuarto vértice se completa con el hotel Sheraton. El segundo proyecto multiplica las ganancias, porque permite en la parcela más grande realizar una supertorre de 130 metros de altura.

La superficie de la futura venta PRO cuenta con casi 15 mil metros cuadrados. El terreno más grande (de 6 mil metros) corresponde a una estación de servicio que alcanza toda la cuadra de Córdoba entre las avenidas Alem y Madero. Con entrada sobre Madero al 1100, los otros dos son estacionamientos entre las torres de las oficinas Catalinas Norte y tienen una superficie de casi 5 mil y 4 mil metros cuadrados, respectivamente. Hace algunos años, la manzana en disputa fue objeto de un cuidadoso planeamiento urbano y los tres lotes públicos fueron destinados a usos abiertos de baja altura: "La guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como una estación de servicio", explicó Epszteyn.

Sin embargo, el proyecto de ley 2454 (el primero en ser presentado en la Legislatura) deshizo por completo esta lógica y buscó la venta por subasta pública para que lo recaudado por el gobierno porteño se destinara a la cartera educativa. Es decir, "a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009". Gracias a una reunión intercomisiones y a los votos de parte de los legisladores de FpV, el macrismo logró el 14 de mayo último aprobar la primera lectura del proyecto.

El 3 de julio iba a realizarse en la Legislatura la segunda audiencia pública, como paso obligado para la venta de los tres terrenos en Catalinas. No obstante, Epszteyn interpuso un recurso de amparo en la Justicia porteña y demoró por un par de meses el tratamiento legislativo. El diputado argumentó (y la Justicia ratificó) que el llamado a audiencia "ocultaba información", con la que se evitaba en el debate "la real participación de los vecinos".

De todas maneras, ayer se aprobó por mayoría (PRO y del bloque de FpV) el proyecto de ley 2874 (el segundo), que modifica el Código de Planeamiento citadino y crea un nuevo uso y reglamento para los terrenos. El negocio para el futuro comprador de los lotes es que en el documento PRO se indica que los edificios a construir "tendrán una altura mínima de 73 metros". La nueva distancia reglamentada obliga entonces a superar la edificación actual, al tiempo que crea una renta extra: para los dos terrenos sobre Madero, el máximo permitido es de 110 y para el de Córdoba, 130. Un total de 41.500, 44.500 y 61.000 metros cuadrados, respectivamente, además de tres subsuelos para estacionamientos y servicios.

También, el proyecto aprobado sostiene que cada edificio puede tener una recova de hasta seis metros de altura que no se contará en el metraje autorizado. Todo podrá obtenerse con una módica suma: mientras el Banco Ciudad los tasó a 70 millones de dólares, según el valor del mercado, una vez construidas las tres torres tendrían un valor de no menos de 500 millones de dólares.

Tras la sesión, Epszteyn argumentó que "esta ley está hecha con un criterio autoritario, porque ofende y niega todas las normas existentes: los lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental establecen controlar la construcción de edificios, desestimar el acceso de vehículos privados al área central y revitalizar la zona sur".

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