El banquero español Miguel Blesa salió ayer de la cárcel de Madrid tras poco menos de 24 horas entre rejas y al cabo de que sus abogados entregaran los 2,5 millones de euros que el magistrado fijó como fianza para que el ex presidente de Caja Madrid pudiera quedar en libertad condicional. Blesa, de 65 años, es el primer banquero al que la justicia manda a prisión en España tras el estallido de la crisis económica y financiera y el primero que entró en la cárcel en 20 años. Aunque habrá que decir que así como entró, salió.

El juez de instrucción de Madrid Elpidio José Silva lo acusa de haber cometido irregularidades en la operación en la que, con él en la presidencia, Caja Madrid compró en 2008 el City National Bank de Florida, con sede en Miami.

Blesa no llegó a estar un día preso en la cárcel madrileña de Soto del Real. La familia y amigos del banquero se movilizaron para reunir los 2,5 millones de euros de fianza nada más entró en la prisión, en el anochecer del jueves.

Ahora que está en libertad no podrá abandonar España, ya que el juez le retiró el pasaporte. El magistrado le imputa un delito societario de administración desleal y apropiación indebida en concurso con otro de falsedad de documento público, todos referidos a la compra del banco de Florida.

La caja de ahorros española adquirió la entidad estadounidense por casi el doble de lo que valía, supuestamente saltándose los controles estipulados por la ley española, y generó así unas pérdidas de 500 millones de euros, según el magistrado.

Blesa, amigo de José María Aznar desde los años 70, llegó en 1996 a la presidencia de Caja Madrid de la mano del entonces jefe del Ejecutivo español. En ella estuvo hasta el año 2010, cuando tuvo que dejarla en medio de una pugna por su control dentro del propio Partido Popular (PP) y cuando Mariano Rajoy apuntaba a la presidencia del gobierno español.

La indemnización que Blesa cobró entonces fue de 2,5 millones de euros, la misma cantidad que tuvieron que depositar ayer sus abogados para que pudiera salir de la cárcel a la que el juez lo envió por ver riesgo "innegable" de fuga.

Desde el principio, Blesa se propuso aumentar el balance de Caja Madrid, expandirla por España. Y la caja acabó actuando como un gran banco en los tiempos de bonanza económica, en medio del boom inmobiliario, en los que se convirtió en accionista de grandes empresas como Telefónica, Iberia o Endesa.

El sucesor de Blesa al frente de Caja Madrid fue el ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, imputado también en otro caso judicial relacionado con su gestión en Bankia, la entidad que surgió tras la fusión de Caja Madrid con otra media docena de cajas de ahorro.

Bankia terminó siendo nacionalizada el año pasado por el gobierno de Rajoy según explicó entonces, para evitar su quiebra ante los quebrantos que mostraba. La entidad recibió 19 mil de los 40 mil millones de euros del rescate europeo a los maltrechos bancos españoles. Antes, el Estado español ya había metido en ella otros 4500 millones. «

Dpa

aprobaron la polémica ley de educación

El gobierno de Mariano Rajoy aprobó una controvertida reforma educativa con la que asegura que quiere mejorar el nivel de la enseñanza española pero que cuenta con la oposición de profesores y alumnos de todos los niveles.

"Necesitamos una remodelación urgente de todo el sistema educativo", manifestó en La Moncloa la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordando que la tasa de abandono escolar temprano en España es del 25%, el doble de la media de la Unión Europea.

Entre los puntos controvertidos de la reforma está la conversión de la religión en una asignatura que contará para la nota media del curso y que además contará para la solicitud de becas. La división de los estudiantes en itinerarios a partir de los 14 años, una medida que los contrarios a la reforma tachan de "segregación", es otro de los punto polémicos.

En Cataluña, donde la mayoría de las escuelas públicas sólo ofrece clases en catalán, hay una especial oposición a la reforma. Es que la nueva ley establece que el Estado adelante el dinero que cueste una escuela privada a las familias que quieran una escolarización en español para sus hijos y luego lo descontará de las transferencias a la comunidad, lo que implica un apoyo explícito a la enseñanza del idioma castellano en comunidades con cada vez más apetencias independentistas.

El texto tiene que pasar aún por el Parlamento, donde el conservador Partido Popular de Rajoy cuenta con mayoría absoluta.El ministro de Educación, José Ignacio Wert, impulsor de la nueva ley, es uno de los miembros del gobierno de Rajoy peor valorados en las encuestas.