Libanización del bloque juecista en el Concejo

El viceintendente Carlos Vicente reconoció oficialmente que el Frente Cívico ya no cumple su papel representativo como alianza.
Por decreto, consideró que en los hechos tiene tres partes, y que ninguna de ellas contiene la mayoría absoluta para alegarse la representación de la voluntad popular expresada en 2007. Ahora, giacoministas, vicentistas y juecistas tendrán voz y voto en Labor Parlamentaria. No se otorgan cargos.

Ayer se hizo oficial la ruptura del Frente Cívico (FC) en el Concejo Deliberante. El viceintendente Carlos Vicente finalmente reconoció que la alianza ganadora de las elecciones municipales del 2007 había dejado de funcionar como bloque en los hechos.

Primero, hace dos meses, se animaron a pedir pista aliados del "soldado de la Presidenta", alentados por el alto grado de beligerancia entre el actual intendente y el ex, Luis Juez.

Después, el 20 de junio, le siguieron los "Angeles de Charly" (AdC), vale, las cinco ediles filovicentistas que no se bancaron la designación dedal de Walter Nostrala como presidente de la bancada juecista.

No obstante, el decreto firmado ayer por Vicente no habla de un alejamiento de dos sectores del FC, sino de la existencia de tres agrupamientos políticos diferentes.

"Reconócese la existencia de los tres agrupamientos legislativos referidos (...)", reza el documento.

De esa manera, la máxima autoridad del Concejo no sólo legitima institucionalmente a giacoministas y vicentistas, sino que, sobre todo, da por finalizada la vida útil del Frente Cívico como alianza representativa de la voluntad popular expresada en aquellas elecciones.

Inclusive, el decreto pone indirectamente en duda la legitimidad de alguno de los fragmentos para alegarse el derecho de mantener el sello Frente Cívico y Social. Textualmente dice en los considerandos: "Ninguno de los tres agrupamientos contiene en su seno a la mayoría de los concejales que originalmente integraron la representación parlamentaria de la alianza electoral Frente Cívico y Social".

Como se ha visto en los últimos días, la realidad así lo constata. De hecho, el concejal de la UCR, Marcelo Cossar, había dicho en la sesión del 23 de julio pasado (donde se aprobó la reglamentación del Consejo Económico y Social) una frase más que representativa de la situación: "Con esto no quiero ofender a nadie, pero es un hecho de que cada vez que hay que negociar un proyecto con el Frente Cívico tenemos que hablar con tres personas".

Se refería a Mónica Cid (AdC), Gustavo Barrionuevo (Frente para la Ciudad o bloque de los Soldaditos) y Walter Nostrala (Frente Cívico y Social Residual).

Para este último, la decisión de Vicente no deja de ser un cruel disparo, puesto que significa para Nostrala la oficialización de una gran derrota política: en medio del conflicto municipal, Juez eligió al compadre de Daniel Giacomino para presidir su bloque y hacerlo aparecer como gran mediador (se reunió con el titular del Suoem, Rubén Daniele); al final, no apareció frente a la opinión pública como tal, y además, resultó el detonante de la libanización de esa alianza.

Sin cargos

El reconocimiento de los tres fragmentos es estrictamente político. De ahora en más todos ellos tendrán representación en la comisión de Labor Parlamentaria, donde se establece el orden de temas y suelen acordarse proyectos.

La ordenanza impide reconocimiento administrativo. Esto es, imposibilidad de los nombramiento de personal habituales a los que acceden los bloques.

"Los números municipales están en rojo", argumentan desde el vicentismo. "Nuestros motivos no son por los cargos, son políticos y de gobernabilidad", aseguran los giacoministas.

De esa manera, y aunque para la democracia no hay precio, la ciudad se ahorra más de 40 mil pesos mensuales, si se tiene en cuenta que cada bloque suele disponer de un secretario ($ 8.400 de salario bruto), un director

($ 7.150), un asesor ($ 6.300) y a veces -como en el caso del juecismo- un prosecretario ($ 6.300).

No obstante, es probable que aparezca algún remezón por el reparto de los 4 cargos que dispone la desmembrada coalición.

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