Las leyes y las voces

Por Pablo Alabarces.

Uno se debe a su público: hace dos semanas, los atentos colaboradores de la página web del diario no hicieron otra cosa que recriminarme no tomar posición sobre la Ley de Servicios Audiovisuales, esa que la derecha argentina insiste en llamar "ley de control de medios".

Uno se debe a su público: hace dos semanas, los atentos colaboradores de la página web del diario no hicieron otra cosa que recriminarme no tomar posición sobre la Ley de Servicios Audiovisuales, esa que la derecha argentina insiste en llamar "ley de control de medios". No la había leído aún –son 150 páginas, tampoco es un folletito– y no quería parecerme a la mayoría de los que opinan, incluidos algunos legisladores y buena parte de los medios de comunicación: a todos ellos/as parece haberles faltado un buen tiempo de lectura. O un poco de honestidad intelectual, digamos.

Por mi parte, me dediqué estas semanas a leerla y a seguir el debate. Acuerdo con la ley, un poco más con las modificaciones que le hicieron en Diputados, espero que aún más con alguna modificación en el Senado. No es la mejor ley posible, pero, ¿cuál es la mejor ley posible, en esta Argentina y con el peronismo como gobernante? Por lo menos, rompe con los monopolios y con la hiperconcentración, federaliza un poco el espectro, amplía las posibilidades para que aparezcan otras voces, democratiza los órganos de aplicación. En este punto es donde pensaría las modificaciones más radicales: introducir la figura del concurso con supervisión académica, por ejemplo, esos concursos que un tipo como Mariotto jamás ganaría, pero la diputada Giúdici o Julio Bárbaro tampoco.

En este tipo de reformas, los organismos de aplicación, regulación y supervisión son claves: vean si no lo que ocurrió con la inutilidad de los que debían supervisar los servicios públicos. A pesar de muchas debilidades, las universidades públicas siguen siendo un lugar fantástico desde donde ejercer esas supervisiones: propongo pensar con más énfasis su rol como autoridad de aplicación. Quizá de esa manera se podría conseguir algo parecido a un Comfer que sirva para algo: lo que es éste, hay que disolverlo con premura. Para desdicha de los que anuncian el apocalipsis y la censura, el Comfer censor fue el de la presidencia De la Rúa, que en 2001 prohibió la difusión pública de ciertas canciones de cumbia villera. Pasamos del Comfer censor de los radicales al inútil de los peronistas: Tinelli aún espera su condigno castigo.

La clave de la ley es desmontar la hipótesis de que la comunicación y la cultura pueden ser espacios desregulados. Los que saben de esto, los especialistas en economía política de la comunicación, vienen señalando hace años que, en realidad, las políticas de medios de los noventa no desregularon, sino que re-regularon a favor de la concentración y los monopolios, además de incidir de manera desvergonzada a favor de esos mismos actores, por ejemplo, cuando Menem le cedió a Radio 10 la frecuencia de Radio Ciudad. No hay tal desregulación: la economía y la sociedad argentina se regularon a favor de los grupos de poder, con el aplauso entusiasta tanto de peronistas –que siguen aplaudiendo– como de radicales –que hoy se hacen las vírgenes suicidas–. Y lo que se jugaba y juega en estos ámbitos es crucial para el devenir de una comunidad: es nada más y nada menos que los espacios donde se construye y pone en circulación la mayor cantidad de bienes simbólicos. Identidades, memorias, expectativas, deseos –no pienso usar la palabra relato, devaluada por nuestra Presidenta–: y fíjense que los pongo en plural, porque además no se trata de una única versión del asunto, sino de su pluralidad –si el concepto de una identidad nacional me une con Macri, Aguinis, Moyano y Tinelli, prefiero volverme brasileño.

Por supuesto que todo esto no significa entregarse a los cantos de sirena kirchneristas. Como dijo Beatriz Sarlo en La Nación hace dos semanas, el Gobierno se mueve por impulsos y calenturas, fuera de todo plan y de todo programa. Entonces, una buena ley, más justa, no vuelve a este gobierno ni mejor ni más justo. Pero eso no puede llevarnos a criticar una ley porque anuncia una limitación a ciertas libertades: eso es una falacia insostenible, que sin embargo muchos sostienen y más creen. La libertad de expresión es una conquista democrática de quienes la ejercen, y de ninguna manera una concesión de las empresas periodísticas, que suelen trastabillar cuando las voces que reclaman no coinciden con sus intereses económicos desvergonzados. Hace pocos días, cuatro líderes piqueteros debieron recordarle a Tenembaum que si no hubieran cortado las calles, nadie los hubiera invitado a la tele –al cable, no a Telenoche.

Nadie puede afirmar seriamente que esta ley limite posibilidades de expresión. Los límites siguen estando en otro lado: en la economía y en la desigualdad, que tan poco hacemos por reducir. Esta ley se ocupa de ampliar algunas posibilidades para que las voces circulen: pero el problema seguirá siendo quién puede tomar la palabra –que no es lo mismo ni es igual.

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