"Las leyes Blumberg mostraron que endurecer penas no sirve".

El juez opinó sobre el reclamo por un endurecimiento en las normas y el debate sobre la pena de muerte que se dio en estos días frente a la inseguridad.
El magistrado dijo que "el Estado no puede responder a un crimen con otro crimen" y se pronunció por una política que integre a la educación para frenar el crecimiento de los delitos en Salta.

¿Cree que un endurecimiento de las penas ayudaría a limitar la inseguridad?

Ni el endurecimiento de las penas ni la severidad de las leyes han tenido en la historia y en la experiencia internacional comparable ningún efecto disuasivo.

El elemento que puede tener algún efecto no es la gravedad del castigo sino que el castigo efectivamente se cumpla.

En Argentina ya podemos medir los efectos de la era "Blumberg". Todos los endurecimientos que implicó ese pensamiento de "mano dura", fracasaron.

Lejos de disminuir, los índices delictivos siguieron aumentando. Y no es por las penas sino por la falta de una política de prevención efectiva que no se reduzca a más policías en las calles, al sistema 911 o a las cámaras de televisión en los espacios públicos.

¿Piensa en posibles respuestas al problema?

El tema es complejo y tiene que ver con la educación y la cultura del respeto a la ley. Hay que tener políticas de promoción social y no de mero asistencialismo. También es importante buscar la igualdad de oportunidades, entre otras cosas.

La Justicia tendría que ganar efectividad en juzgamiento de los hechos penales de alto impacto, de los que involucran corrupción pública, para evitar impunidad en aquellos asuntos más emblemáticos.

Además, se debe permitir a los fiscales escoger qué casos es indispensable juzgar y dotar a los jueces de un menú de alternativas para resolver por otros medios los asuntos más simples. Todo esto incumbe a los legisladores. Desde la Federación Argentina de la Magistratura, medidas de este tipo han sido reiteradamente propuestas.

¿Cree que la situación económica y social inciden en el aumento de delitos en Salta?

Claramente la situación económica y social inciden en el aumento de los delitos, no sólo en Salta sino en Argentina. Sobre todo por la desigualdad que provoca exclusión extrema.

También influyen las políticas que tratan de corregir esta desigualdad sólo con asistencialismo, ya que afectan la dignidad e inciden en el cuestionamiento del esfuerzo como valor y herramienta de inclusión valida.

¿Qué puede decir de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de que la inseguridad tiene que ver con los "jueces que liberan"?

Sólo puedo decir que existe un reclamo social que, frente al delito, pide una respuesta penal inmediata y que, en ocasiones, se aprovecha y exacerba desde el discurso político. La víctima quiere que se encarcele al acusado antes de la sentencia y que quede en prisión durante todo el proceso. Por las leyes vigentes, por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales que nuestro país incorporó en la reforma constitucional de 1994, el castigo al delito sólo puede derivar de una condena y no puede ser un anticipo de la pena.

Rige la presunción de inocencia, lo que implica que el acusado debe ser tratado como inocente. Por ello, más que aumentar los encarcelamientos preventivos o provisorios, lo que tenemos que incrementar son las sentencias.

¿Le parece que la Justicia tiene recursos para hacer frente a la problemática de la inseguridad en Salta?

Salta no tiene uno de los niveles presupuestarios más bajos en el país sino que se ubica un poco más abajo de la media nacional. Igualmente, las partidas resultan insuficientes porque la provincia tiene un nivel de litigiosidad altísimo que ronda los 150.000 nuevos asuntos judiciales por año.

Sin embargo, hay que destacar el esfuerzo que ha hecho para la construcción de la Ciudad Judicial y de la Alcaidía, que resolvió en gran parte el hacinamiento de los sitios de detención.

¿Qué opina sobre el pedido de pena de muerte por parte de algunas personas del ambiente artístico?

La pena de muerte es inaceptable. En primer lugar porque la Justicia, como toda actividad humana, puede errar. Esto en cualquier asunto se corrige con un recurso de apelación o de revisión que, aunque tardío, puede remediar el asunto. El yerro en la pena de muerte no tiene reparación.

La pena de muerte tampoco es útil porque, lejos de disminuir los delitos violentos, hizo que se incrementaran en países que la aplicaron. Esto es lógico porque, a la violencia reinante, se le suma esta violencia extrema del Estado. El Estado no puede responder al crimen cometiendo otro crimen.

Por otra parte, en Argentina, la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos, incorporados con rango constitucional, la impiden.

Entiendo que esta petición se explique desde el dolor de una víctima pero no que se levante desde el rol y la responsabilidad social que tienen quienes forman opinión pública, como el caso de los comunicadores sociales y periodistas. Creo que lo dicen desde la impotencia y desde la ignorancia.

El tema penal es uno de los más complejos y su solución nunca puede ser ni coyuntural ni mágica. La respuesta debe ser inteligente y contar con el compromiso de los tres poderes y la participación popular. Me parece que debemos empezar por un pacto cívico convocado desde el Estado.

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