Letrados recurren a la Corte Nacional porque consideran que la Justicia peligra

En un hecho inédito, el Colegio de Abogados recurrirá hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional la Ley 8.136, que posibilita que los poderes políticos de la Provincia designen directamente jueces interinos sin ningún mecanismo de selección previo que asegure la idoneidad de los postulantes
Preventivamente, el apoderado de la institución, Alberto Bianchi, solicitará en forma urgente que el alto tribunal dicte una medida cautelar que suspenda los nombramientos hasta que no se resuelva la cuestión de fondo planteada.

Según pudo saber LA GACETA, Bianchi está convencido de que, al ser una Provincia la parte a la que se demandará y por existir una cuestión federal, están dadas las condiciones para que la Corte actúe en virtud de su competencia originaria.

El constitucionalista porteño argumentará que, en primer lugar, la Ley 8.136 contraviene la Constitución nacional en la medida en que declara en emergencia al Poder Judicial, lo que supondría una interferencia de un poder (la Legislatura) sobre otro.

Asimismo, como lo viene sosteniendo la entidad profesional, Bianchi insistirá en que la ley desconoce la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán del 8 de setiembre. Ese día, el alto tribunal bloqueó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda organizar por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), encargado de la selección de los jueces inferiores, como lo facultaba la Constitución reformada en 2006. No obstante, la mayoría de la Corte (Antonio Gandur, René Goane y Ebe López Piossek) ratificó que sigue en pie la exigencia constitucional de que la selección debe hacerse a partir de un mecanismo que incluya los concursos públicos.

Más argumentos

El desconocimiento del pronunciamiento de la Corte, más allá de que fue recurrido por el Gobierno, atenta contra el derecho de contar con un Poder Judicial independiente y afecta el artículo 5 de la Constitución nacional, según el jurista.

El abogado también advierte que la Ley 8.136 se superpone con los mecanismos a los que ahora está recurriendo la Corte de la Provincia para cubrir vacantes, como sucede en el ámbito de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, que fue declarada en emergencia, pero por la Corte.

Bianchi está persuadido de que si la cuestión se dilucida en Tucumán se corre el riesgo de que el Poder Judicial “se transforme en rehén de los poderes políticos de la Provincia”. Además, según su interpretación, nada asegura que una nueva sentencia, salvo que sea favorable a las conveniencias del gobernador, será acatada.

Comentá la nota