La legitimidad no se agota en lo formal

Por: Bartolomé De Vedia.

Las lecciones de la historia casi nunca son aprendidas a tiempo. Por eso tantos gobiernos se han equivocado en el pasado y se siguen equivocando en el presente, cuando creen que para obtener la sanción de una ley en la que están políticamente interesados basta con producir un texto normativo que supere los escollos institucionales de su pura legitimidad formal.

Los hechos demuestran, tarde o temprano, que esa manera de interpretar la realidad es no sólo ingenua sino también equivocada. La experiencia histórica enseña largamente que una norma legal será siempre precaria e incompleta si no cuenta, además, con ese segundo valor o requisito ineludible que es su legitimidad sustancial o de fondo.

En efecto, una ley puede resultar aprobada en el Congreso por el número de diputados y senadores que la Constitución requiere para su sanción, pero si ese objetivo fue alcanzado en medio de un clima enrarecido por las presiones, las amenazas, los sobornos, las intimidaciones, los actos de corrupción, las maniobras destinadas a cooptar votos opositores, los pagos de coimas y hasta las promesas de impunidad hacia quienes han gobernado provincias o municipios con métodos viciosos e ilegales, de poco servirá que se hayan completado los requisitos de forma que el marco constitucional reclama para las decisiones legislativas o de gobierno.

Es que las repúblicas no están integradas únicamente por los poderes básicos del Estado. Hay otras realidades e instancias que son parte constitutiva e insoslayable de la organización democrática. Y una de esas realidades es la opinión pública, en la cual queda siempre constancia de los abusos o de las irregularidades en que pueden llegar a incurrir quienes gobiernan con los ojos puestos en la búsqueda de las legitimidades puramente externas o aritméticas del sistema democrático.

La ley promulgada ayer no es una más entre las normas que un Estado puede verse tentado a sancionar. Se trata de una ley que podría llegar a cercenar o dañar la libertad de prensa, base y fundamento ineludible de todas las otras libertades de que gozan los ciudadanos de una república.

El control republicano

Quienes alguna vez leyeron los debates y las publicaciones que acompañaron históricamente el nacimiento de las instituciones fundamentales de la democracia -sea en la América del Norte, sea en nuestra propia nación- saben de sobra que el pueblo necesita ejercer formas genuinas de control sobre los poderes públicos y que la manera natural en que ese control puede y debe ser ejercido es la que proporciona la prensa libre. No porque el periodismo sea una suerte de "cuarto poder", como en algunas oportunidades se lo ha pretendido llamar, sino porque la función informativa resulta esencial para el normal desenvolvimiento de las relaciones de recíproca confianza que deben existir entre gobernantes y gobernados.

¿Cómo aceptar entonces que una ley sobre los medios -esa especie de ley de leyes destinada a garantizar la existencia de una opinión pública transparente y libre de condicionamientos- sea la expresión de un consenso que se agote en lo estrictamente formal o exterior y que carezca de una legitimidad de contenido o sustancial?

Nada peor para un sistema de gobierno comprometido con los valores democráticos que la aprobación de una ley que la opinión pública considera formalmente válida, pero que en la conciencia profunda de los ciudadanos es reconocida como sustancialmente viciada o ilegítima. Quienes ejercen de esa manera desaprensiva la función de gobierno pueden llegar a pagar un alto precio por haber usado y abusado de metodologías que le quitan legitimidad a cualquier victoria legislativa, como ya lo experimentó y vivió el país hace algunos años, cuando se reveló que se habría configurado en el Senado un deprimente caso de compra de votos.

La legitimidad de las leyes es uno de los bienes más preciados que debe custodiar una nación. Utilizar cualquier recurso para digitar o condicionar el resultado de una votación en el Congreso de la Nación es la forma más segura que tiene un gobierno de derrotarse a sí mismo. Significa cometer un error por el cual la opinión no tardará en pasarle la más implacable de las facturas.

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