de acuerdo a lo que establece el artículo 70 de la Constitución, el veto a la Ley 2.691 y ratificar lo que se viene sosteniendo desde un primer momento, es decir avanzar con el reparto de regalías hidrocarburíferas entre los municipios.

18/12/2012

El proyecto partió desde el bloque oficialista, más precisamente del sector que responde al senador Carlos Verna, pero fue rápidamente apoyado por la oposición, pero de pésimo agrado para el Gobierno provincial, que intentó en vano frenar la ley, por considerarla inconstitucional, por un lado, y perjudicial para las finanzas, por otro.

La diputada Claudia Giorgis dijo que acompañarían el rechazo al veto porque la ley en cuestión “otorga previsibilidad y mayor equidad entre los municipios”, y porque “en las reuniones que hemos tenido con el Gobernador no se anunció la existencia de ninguna alternativa superadora”.

El autor del proyecto, Pedro Etchalus (PJ) dijo, en tanto, que con esa ley se “está dotando a los municipios de una herramienta eficaz para esa previsibilidad”.

El recálculo debe esperar

Después de acordado el rechazo al veto de Jorge, los diputados del bloque Frepam solicitaron avanzar con un dictamen en torno al proyecto de la diputada Delma Sánchez que establece un aumento de la alícuota de las regalías petroleras (pasando del 1 al 3 por ciento), para con esos fondos afrontar el recálculo reclamado por los jubilados que accedieron a ese beneficio durante la vigencia de la emergencia económica y que a raíz de eso se vieron notablemente perjudicados en el cobro de sus haberes.

Los diputados oficialistas revelaron que no habían tratado la cuestión en el bloque pero que ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo respecto al monto que demandaría afrontar lo demandado por los jubilados, “no podemos legislar una supuesta solución a esos jubilados sin efectivo, sin tener la precisión ¿Qué pasaría si después nos enteramos que no alcanza la plata?”, argumentó el diputado Martín Borthiry, quien agregó “nosotros vamos por la positiva, vamos por el recálculo pero no hay que jugar con la ilusión de la gente”.

Ante esto Sánchez propuso como alternativa disponer que “se implemente igual el aumento de la alícuota y que lo recaudado quede en un fondo de reservas hasta contar con la respuesta del Ministerio de Bienestar Social y después, si alcanza, lo destinamos al pago de los jubilados, sino que vaya a rentas generales”. El bloque oficialista se comprometió a dar una respuesta.