Esta medida tendrá un impacto directo en las arcas comunales dado que la quita de impuestos redundará en una reducción en los ingresos que coparticipa la administración de María Eugenia Vidal con destino a sustentar el pago por el servicio de alumbrado público que brinda la Usina Popular y Municipal SEM.

En ese sentido, el secretario de Economía de la comuna, Daniel Binando, había advertido que el avance sobre estos conceptos implicaría una reducción de cerca de 40 millones de pesos anuales destinados a sostener el servicio.

La ley, que fue aprobada primero en la Cámara de Diputados y luego sancionada en el Senado, se logró sobre la base de un acuerdo al que llegaron el oficialista Cambiemos, el Frente Renovador y la bancada del justicialismo Unidad y Renovación, referenciada con los intendentes peronistas del conurbano.

De todos modos, y en medio de análisis que se suman a la reciente resolución de Oceba, la modificación incluida a pedido de algunos jefes comunales abre la posibilidad de trasladar ese porcentaje a la distribuidora, hecho que podría traer algo de alivio.

La iniciativa

El proyecto, enviado por la Gobernadora y aprobado en el Senado, reducía la contribución al 0,01 por ciento con lo que vedaba la posibilidad de que los municipios pudieran aplicar una tasa.

Por eso el proyecto aprobado este viernes establece en cero por ciento la contribución que los agentes de la actividad eléctrica abonan mensualmente a las municipalidades por las operaciones de venta con usuarios o consumidores finales.

La iniciativa contempla ahora que “cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente todo gravamen o derecho municipal que corresponda, los que en total no podrán exceder el seis por ciento de las entradas brutas de la distribuidora, netas de impuestos, recaudadas por la venta de energía eléctrica -con excepción de las correspondientes por suministros para alumbrado público”.

El mismo esquema utiliza para el cuatro por ciento que las comunas percibían de los servicios de agua y cloacas, previsto en la Ley 13.404 al otorgar a los municipios la potestad de cobrarle tasa a las prestadoras hasta ese tope.

Las modificaciones

Las modificaciones habían sido pedidas a los legisladores por intendentes de diferentes agrupaciones políticas que consideraban que el proyecto tal cual lo había enviado el Gobierno representaba unos 1.300 millones de pesos menos de ingresos a los municipios.

La eliminación de la contribución municipal en las boletas de luz y agua eran parte de un paquete de medidas diseñado por la gobernadora Vidal para reducir la presión impositiva en las facturas de los servicios que pagan los bonaerenses.

La Gobernadora -vía decreto- eliminó de las tarifas de luz un 15,5 por ciento de dos fondos específicos que recaudaba la provincia; un seis por ciento de la tarifa de gas y otro tres por ciento de la tarifa de agua pero también impulsó que se eliminen las contribuciones que perciben los municipios.

Debate parlamentario

Durante el debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Marcelo Daletto explicó que “el retraso tarifario en la Argentina está claro” y sostuvo que es necesario “bajar los impuestos mientras se recupera la matriz energética”.

Sostuvo que “por decisión de la gobernadora Vidal hemos podido bajar impuestos, pero para eso había que tener un estado ordenado porque no cobrar esos impuestos tiene un costo fiscal para la provincia de tres mil millones de pesos”.

“Estamos convencidos de que todos los sectores políticos queremos reducir las tarifas. Era una propuesta de la oposición y ahora escuchamos a los intendentes que estaban pidiendo estos cambios que es este despacho que estamos tratando y les dimos las herramientas para que lo puedan hacer por ordenanza municipal”, dijo Daletto.

Su par de bancada Mario Giacobbe cuestionó a Unidad Ciudadana por no acompañar el proyecto y aseguró que “hay una iniciativa de la Gobernadora para que el vecino pague menos. Entiendo que puede ser poco, pero le vamos a decir al vecino que no pague un 22 por ciento menos en la tarifa porque es poco”, se preguntó.

Para la diputada del Frente Renovador, Valeria Arata, con esta modificación “logramos que las empresas sean las responsables de pagar el seis por ciento y los municipios tienen la facultad de cobrar estos derechos”.

“Avanzamos porque la contribución la pagan los empresarios y no los usuarios”, expresó aunque reclamó que se trate también el proyecto de “tarifas limpias para que el usuario sepa cuál es el valor de la tarifa” y pidió que el Gobierno nacional que baje el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En tanto, desde Unidad Ciudadana el diputado Avelino Zurro reclamó hacer una sesión especial para tratar todos los proyectos sobre tarifas y consideró que el problema “no es el seis por ciento sino el brutal aumento de las tarifas”.

Tal como ocurrió en Diputados, la ley fue acompañada por el oficialismo de Cambiemos y las bancadas del Frente Renovador y del PJ Unidad y Renovación, mientras que Unidad Ciudadana votó en contra.