La Legislatura debatirá sobre decisivos proyectos

La Comisión de Labor Parlamentaria convocó a sesión para mañana a las 11.00. En el temario figuran iniciativas vitales para el PE, como el presupuesto 2.010, la nueva Ley de Emergencia Económica.

Bastante movida, y con temas de notable impacto institucional y financiero, se anuncia la última sesión de la Legislatura provincial.

El presupuesto 2010, la nueva Ley de Emergencia Económica, la prórroga de las emergencia hídrica y sanitaria y la autorización para que el Poder Ejecutivo firme acuerdo con contratistas de obras en proceso de adjudicación o adjudicadas, a fin de reformular las fechas de inicio, plazos de ejecución y plan de trabajo, serán los proyectos centrales de los 18 que debatirán los legisladores mañana desde las 8.00.

Así lo determinó la Comisión de Labor Parlamentaria, que ayer sesionó presidida por Armando Cortalezzi, flamante vicepresidente 1º de la Legislatura, quien reemplazó ayer a Regino Amado, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador José Alperovich a Estados Unidos.

Ingresos y egresos

En cuanto al presupuesto para 2010, el proyecto que giró a la Cámara el PE prevé gastos totales por $ 7.085,1 millones, lo que representa un 14,7% más con respecto a este año. En materia de sueldos, desde el Ministerio de Economía estimaron en $ 3.318,8 millones lo necesario para pagarle al personal, un 15,5% superior a lo proyectado para este año. Según estimaciones del Poder Ejecutivo, el Presupuesto estará conformado por un 25% de fondos de provincia y 76% restante provendrán de fondos nacionales. El aumento del Presupuesto legislativo es del 16%, mientras que el incremento para el Poder Judicial es idéntico.

Arreglo con los contratistas

Respecto a la iniciativa para "achatar la curva de inversión" en materia de obras públicas, hay que destacar que la falta de previsiones en cuanto al envío de los fondos desde la Nación, junto a la caída en los fondos coparticipables motivaron, el proyecto que básicamente faculta al PE, a través de los organismos licitantes de los proyectos, a celebrar durante 180 días acuerdos con las contratistas de obras públicas, adjudicadas o en proceso de adjudicación.

El objetivo es reformular las fechas de inicio de las obras, los plazos de ejecución y de finalización, "en función de las necesidades de ahorro efectivo y de las condiciones y disponibilidad del origen de los fondos". De esa manera, las empresas contarán con un tiempo extra de 45 días corridos y de hasta un 25 por ciento del plazo del contrato original. Por ejemplo, si una contratista contaba con ocho meses para ejecutar una obra, ahora podrá finalizarla en hasta 10 meses. Además, la intención es evitar presentaciones en los tribunales por parte de los contratistas. No se será de aplicación automática, sino que se trata de una herramienta financiera y legal que estará disponible para su utilización.

Emergencia económica

En materia de emergencia económica, se dictará una Ley para adecuar la antigua normativa fijada en las Leyes N° 6.987 (Emergencia Económico-Financiera del Estado Provincial) y N° 6.866 (Estado de Emergencia Económico-Financiera de las Municipalidades y Comunas Rurales), que recibieron un duro golpe por parte de la Corte Suprema de Justicia, que las declaró parcialmente inconstitucionales. Se busca que el Gobierno tener cierta previsibilidad en el manejo de los recursos y en el presupuesto provincial, evitando los embargos contra los recursos y los bienes del Estado, Municipios y Comunas.

Para seguir la línea que fijaron los jueces en su sentencia, la iniciativa, entre otros puntos, plantea la necesidad de crear un registro durante un plazo de 180 días, para conocer quienes son los acreedores que tienen la deuda doblemente consolidada, estableciendo su origen y antigüedad. Y se le da la orden al Poder Ejecutivo para que establezca un mecanismo y metodología de pago para cada una de esas deudas dentro de ese plazo. Además, se planea declarar la inembargabilidad de las finanzas públicas por ese mismo plazo de 180 días, y en el futuro se va a establecer, una vez cancelados este tipo de pasivos, que en el presupuesto de la provincia cada año deberá contemplarse topes máximos de afectación de los recursos provinciales.

Código procesal penal, expropiaciones y nuevos legisladores

El temario acordado por los presidentes de los bloques políticos, incluye también la modificación del Código Procesal Penal para establecer que el delito de flagrancia sea juzgado en juicios sumarísimos, que no excederán los cinco días, por los jueces de Instrucción.

Habrá una modificación al presupuesto del corriente año para destinar una partida de 100.00 pesos para el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Se modificará la Ley 7.397, del convenio entre el Estado provincial con el Ejecutivo Nacional y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola.

Otros de los temas a debatir serán la adhesión de la provincia a la Ley Nacional que fiaj el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, la modificación del convenio entre el Poder Ejecutivo y la Caja Popular de Ahorros para ampliar el plazo para que los magistrados que estén en condiciones de jubilarse accedan a préstamos para regularizar sus aportes previsionales.

Está previsto modificar el cambio de destino de los Consadep y se analizará el convenio de adhesión al programa de ingreso social con trabajo. Se avanzará en la transferencia por parte del Instituto de la Vivienda de un inmueble en Los Sueldos (Leales), para la construcción de una escuela y la expropiación de dos inmuebles en Santa Rosa y Villa de Leales para la instalación de plantas de bombeo y tratamiento de líquidos cloacales.

Por último, se tratará un proyecto para declarar de interés provincial la protección de los recursos paisajísticos en rutas provinciales y otro declarando de utilidad pública un inmueble en la ampliación del barrio Parodi .

También está previsto aceptar las renuncias de los tres parlamentarios que fueron elegidos para ocupar bancas a nivel nacional y la asunción de sus reemplazantes, los oficialistas Miriam Concha de Llorens y Roque Cativa (reemplazan a Sergio Mansilla y a Miriam Gallardo de Dip, senador y diputada nacional) y el presidente de la UCR, Federico Romano Norri (sustituye al senador nacional José Cano).

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