La Comisión de Asuntos Constitucionales, con mayoría PRO, comenzó a tratar el decreto de necesidad y urgencia girado la semana pasado por el Ejecutivo local "en defensa de la libertad de expresión", que está en vigencia desde que Mauricio Macri lo anunciara, y que debe ser ratificado o rechazado dentro de los 30 días desde la fecha de promulgación.
Según los considerandos de la iniciativa, el objetivo del DNU es "garantizar la protección de los periodistas y de los medios de comunicación en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires", en contraste con el "plan del Gobierno nacional de hostigamiento contra la prensa independiente", e impulsa la creación de un fuero judicial especial.
El bloque de legisladores de Nuevo Encuentro (NE), por su parte, denunció que la medida es "inconstitucional", entre otras razones porque su artículo 11 contempla restricciones al derecho de huelga, al sostener que "no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada, la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien" en el ámbito de la Capital Federal.
La legisladora Gabriela Cerruti, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, anticipó su rechazo al señalar que "tiene una gran cantidad de errores y es inconsistente: está hecho por un estudio privado, por lo que esperamos que el resto de la oposición comprenda que es una cuestión de respeto a las instituciones no acompañarlo".
En tanto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, denunció que el DNU está "hecho a la medida del Grupo Clarín, y carece de legitimidad y rigor jurídico".
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