La Cámara Baja aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por el diputado Mauricio D´Alessandro para que el Poder Ejecutivo, mediante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), explique distintas cuestiones referidas a la aplicación del “Fracking” en la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, también pidió que se informe si se han realizado estudios sobre el impacto y riesgo ambiental que conlleva la aplicación de este método y que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), especifique cuál es la postura adoptada con referencia a la utilización de esta técnica en la Provincia de Buenos Aires, haciendo especial hincapié en las consecuencias ambientales que trae aparejado su aplicación; entre otros puntos.
El escrito hace referencia a los resultados negativos que este método produce en el medio ambiente y la salud de los habitantes, manifestando que “Entre las principales consecuencias que acarrea esta práctica se destacan: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación del aire, afecciones a la salud humana, alteraciones del paisaje y el terreno, contaminación de suelos al cerrar los pozos y riesgo sísmico.”
“Desde este Cuerpo consideramos perjudicial avanzar con este tipo de tecnología en todo el territorio bonaerense. El caso de la República del Ecuador, donde la compañía Chevron - Texaco produjo el daño ambiental más grande de la historia relacionado a contaminación petrolera en el Amazonas de ese país, es un claro antecedente de la nocividad que reviste este método”, expresó D´Alessandro.
Asimismo, destacó la labor desarrollada por la “Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó”, que con firmeza buscan impedir que se lleve adelante el “Fracking” o “estimulación hídrica”, mediante distintas gestiones que involucran a concejales, legisladores provinciales, ONG´s, especialistas en la temática, representantes de Departamentos Ejecutivos y vecinos de las zonas involucradas.
La posible aplicación de esta técnica en territorio bonaerense, despertó un fuerte debate entre los distintos sectores ambientalistas y sociales de nuestro país. Ahora es el Ejecutivo provincial quién deberá informar al respecto, a partir la requisitoria aprobada por el cuerpo de diputados bonaerenses el pasado jueves 21 de noviembre.
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