La Legislatura aprobó ley que fija nueva estructura salarial policial

"Los radicales al votar en contra de la ley también rechazaron el aumento", cuestionó el jefe de la bancada del PJ, Agustín Samaniego.
La mayoría justicialista posibilitó ayer que la Legislatura sancionara la ley que modifica la estructura salarial de la Policía Provincial. Se justificaron los cambios en la modernización institucional y funcional de la fuerza policial. La bancada radical se opuso a la ley al advertir que no fija taxativamente la continuidad del pago de los suplementos y adicionales, porque se delega esa facultad al Poder Ejecutivo.

El titular del bloque del PJ, Agustín Samaniego, fue duro con sus pares de la oposición al cuestionarles que al votar en contra de la ley también estaban rechazando el aumento salarial para los policías.

Samaniego junto al diputado justicialista de extracción gremial, Jorge Zarza, fueron explicando distintos aspectos de la nueva normativa y discreparon con las críticas de la oposición. Zarza habló de la modernización institucional y funcional de la Policía y destacó que claramente se respetarán los derechos adquiridos. "Nadie ganará menos de lo que cobra", dijo y agregó que la intención es "nivelar hacia arriba" los salarios.

Asimismo, destacó que los miembros de la fuerza policial se verán incentivados por "esta reivindicación" y continuarán, junto a la comunidad y a los organismos del Estado, contribuyendo a la paz social en la provincia.

El jefe de la bancada radical, Martín Hernández, ironizó que para el oficialismo es más trascendente debatir "declarar de interés el florecimiento de los lapachos", que alguna norma importante como la tratada ayer.

"Cuando el gobernador (Gildo Insfrán) anunció que iba a enviar un proyecto a la Legislatura para facilitar el incremento salarial del 15% anunciado, creíamos que se iba a dar una discusión sobre el amplio espectro de la estructura remunerativa de la familia policial y también sobre ciertos puntos conflictivos que desde hace tiempo vienen reclamando los policías en actividad y también los retirados, pero lastimosamente esta no fue la excepción a la antidemocrática costumbre de remitir proyectos para que la legislatura se limite al triste papel de aplaudidor", insistió.

Reiteró luego que el proyecto, convertido en ley ayer, "sin dudas constituye un cheque en blanco con el cual los policías pueden perder conquistas laborales sobre suplementos, adicionales y beneficios contenidos en las leyes vigentes, y que su aprobación no tiene ninguna relación con el incremento del 15%".

"Sin mayores fundamentos y sin explicar pautas ni parámetros de ningún tipo – afirmó el legislador radical-, el proyecto tiene una parte dispositiva en virtud de la cual dispone una estructura remunerativa compuesta por, a) el salario básico mensual, b) un adicional por estado policial y c) los suplementos en una enumeración taxativa que deja sin efectos algunos adicionales previstos en leyes anteriores, como por ejemplo, el adicional por variabilidad de vivienda, la indemnización por traslado, y otros que constituyen derechos adquiridos de los policías de la provincia", dijo.

Hernández apuntó que "es sumamente grave que se apruebe la derogación de todas las normas que regulan los suplementos, adicionales, beneficios e indemnizaciones y que se autoriza al Poder Ejecutivo a fijarlos por reglamentación. En todo el articulado del proyecto, no existe ningún parámetro que nos permita evaluar si los policías se verán perjudicados o beneficiados, dejándose toda la estructura remunerativa, incluidos los porcentajes de los suplementos, en manos del gobernador".

Otro punto objetable de esta iniciativa lo constituye la ausencia de toda información vinculada a la escala salarial, como así también la ausencia de tratamiento específico de algunos puntos de conflicto que constituyen bandera de lucha de los retirados de la policía, como lo es el famoso 9% de descuento previsional de la ley 717, que se practica sobre los haberes jubilatorios, añadió.

Por su parte, el legislador radical Armando Peyró, dijo que no es hablar de justicia social cuando hay policías que ganan 700 pesos mensuales y trasladados deben afrontar a su vez, gastos de alquiler.

"Nosotros no vinimos a poner palos en la rueda sino a esclarecer", dijo y al igual que su par de bancada pidió que no se deleguen las facultades de fijar las remuneraciones adicionales en el Ejecutivo. A cambio, propuso que en la ley se incluya, en el artículo 5 "el Ejecutivo respetará los derechos salariales adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley".

A criterio de Peyró la sanción de esta ley crea más incertidumbre en la policía porque nadie sabe cuánto va a ganar ni cómo se implementarán los suplementos y adicionales. "Cuando salga de aquí y un policía me pregunte no sabré qué contestarle", dijo.

Hernández, cuando volvió a tomar la palabra lamentó que "a partir de ahora, de la sanción de esta ley por el voto de la mayoría oficialista, los policías dejaron de tener los derechos (salariales) adquiridos".

Aumento y "piso"

Para Samaniego y Peyró la postura de la bancada radical era un mero "oportunismo político" y aseguraron que la norma garantiza totalmente los derechos salariales adquiridos. "Si votan en contra, están votando en contra del aumento salarial", les advirtió Samaniego y a la vez calificó de "incongruentes" las posturas críticas de la oposición.

Zarza, a su vez, dejó en claro que con la ley queda garantizado el aumento del 15 por ciento anunciado por el gobernador para los empleados de la administración pública, al igual que el "piso" salarial de 1.400 pesos, que alcanza a todos los policías. Agregó que al aumentar el básico salarial, los que más se beneficiarán serán los policías en situación de pasividad.

"Ningún derecho adquirido se va a perder", enfatizó Samaniego.

Tras el debate, el presidente provisional del cuerpo legislativo, Armando Cabrera, sometió el proyecto a votación en general y en particular y que fue aprobado por el apoyo del mayoritario bloque justicialista, con el voto contrario del radicalismo.

En la sesión de ayer, este fue el punto más trascendente.

Cabe señalar que mientras los diputados debatían en el recinto, fuera del edificio legislativo un grupo de policías de civil y de familiares se manifestaban en contra de la ley.

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