Legislatura aprobó cambios en la ley de Petrominera

En una sesión de más de cuatro horas, la Legislatura sancionó ayer las reformas propuestas por el Gobierno a la Ley de Creación de Petrominera, a través de los cuales se habilita la asociatividad con terceros para la explotación de recursos petroleros y mineros, y se elimina el requisito de que la designación de los directores deba contar con aval legislativo.
Luego de una votación nominal, la ley fue acompañada por 18 votos aportados por los diputados del PJ y el Provech, y 7 votos negativos de la UCR, el Pach y el ARI, más el voto de Ricardo Astete.

Entre los puntos centrales, que fueron fundamentados por la diputada Mariana Ripa, se mencionó la ampliación del objeto social, que está relacionado con la sanción a nivel nacional de la Ley Corta y la inclusión de otras formas de generación energética adecuada a los tiempos que corren, que la sociedad estatal podrá realizar por cuenta propia, asociada a terceros o por medio de terceros.

Se aprobó además la eximición a la sociedad estatal del Impuesto de Sellos, y se eliminó del proyecto original el artículo que establecía que «la Sociedad no podrá ser declarada en quiebra», ya que dijo Ripa, entendimos que la empresa «ya se rige por ley de quiebra nacional», y por lo tanto esto no era necesario. Sobre la discusión en torno a la creación de un directorio compuesto por uno a tres directores designados por el Poder Ejecutivo, en el que se elimina la necesidad de un acuerdo de la Legislatura, desde el PJ se argumentó que Petrominera sólo maneja la parte comercial y no las políticas de recursos naturales.

La UCR, el Pach y el ARI coincidieron en criticar la eliminación de controles por parte de la Legislatura, y el hecho de que los directores sólo deberán rendir cuentas al Gobernador.

Además, el radical Roberto Risso dijo que la asociatividad con terceros desvirtúa el objeto inicial de la empresa y es un modo de privatizarla, y luego denunció la falta de cumplimiento de auditorías externas, por lo que elevó un pedido de informe al respecto.

OTROS TEMAS TRATADOS

También se aprobó, con la negativa del radicalismo, el convenio entre el Gobierno provincial y la firma YPF, para la adquisición de naftas y gasoil destinado a las reparticiones públicas pertenecientes a Servicios Públicos y Vialidad Provincial del interior de la provincia, y para la red de estaciones de Petrominera, que en este último caso se entregará a un precio equivalente al 85% del valor de venta al público.

Se aprobó además una declaración del Pach para que el Ejecutivo realice las gestiones para la renovación del contrato del radar del aeropuerto de Esquel, que está a punto de quedarse sin vuelos, y otro del diputado Astete para que se gestione la apertura de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de la Patagonia.

PEDIDOS DE INFORME

El bloque radical presentó dos pedidos de informe dirigidos a las áreas de Educación y de Trabajo del Ejecutivo.

El primero de ellos originado en un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en el que surgiría que no se estaría realizando una correcta asignación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, que se estaría pagando a empleados que no cumplen funciones de docencia, y también el pago de Horas Cátedra a funcionarios que cumplen funciones en áreas que no están contempladas por este ítem.

El segundo punto está referido a la asignación de fondos del Programa de Capacitación Laboral de la Secretaría de Trabajo, a partir del 8 por mil, que según la presentación realizada por el diputado Lorenzo, se estaría manejando discrecionalmente, a partir de un presunto otorgamiento de casi 4 millones de pesos a una ONG del barrio Alberdi de Trelew, que sería presidida por un funcionario del área de Trabajo.

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