La Legislatura anuló la vieja ley de enganche entre el Superior Tribunal y la Corte Suprema

En una extensa sesión que comenzó con demoras a las 16, la Legislatura aprobó con el voto del oficialismo un proyecto presentado a comienzos de año por el diputado Javier Touriñán y que abrogó una ley de fines de la década del ’80 que equiparaba los salarios del Superior Tribunal a los de la Suprema Corte de la Nación, lo que fue entendido por el radicalismo como una maniobra para afrontar la apelación del fallo que otorga un aumento salarial a los magistrados.
Entre los puntos más importantes de la sesión, se cumplió con la promesa hecha a los vecinos de Rawson de dar lectura al petitorio en reclamo por más medidas contra la inseguridad, lo que dio lugar a un extenso debate acerca del papel que deben cumplir los diputados y las reformas que se pueden introducir en la legislación penal y contravencional.

Además se aprobaron iniciativas vinculadas a la condonación del impuesto inmobiliario rural, la creación del Día de la Bandera Provincial y la aprobación de convenios con el Gobierno Nacional, en tanto que se pospuso el tratamiento de la ley que establece las exigencias básicas de protección ambiental para la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

ABROGACION

A instancias del ex presidente del bloque del PJ, Javier Touriñán, con los votos del oficialismo se votó ayer la abrogación de la ex ley 2.653 que establecía la equiparación de las remuneraciones que los ministros del STJ y el Procurador General con las que perciben los ministros de la Suprema Corte de la Nación.

El argumento utilizado fue que si bien no estaba en práctica, el digesto jurídico permitió que saliera a la luz la vigencia de esta norma, que carece de lógica al equiparar presupuestos tan distintos como el provincial y el federal, y es contradictorio al no aplicar el principio de la autonomía al de la jurisdicción.

El presidente del bloque de la UCR, Roberto Risso, fundamentó la negativa a acompañar la iniciativa en que se trata de una ley especial originada en el amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, agregando un hecho nuevo a la apelación de la Provincia al fallo de la conjueza Peralta que da un incremento del 35 % a los jueces. Sostuvo que esto es aberrante desde lo jurídico porque se legisla por un hecho particular y no por el interés general.

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