Para la legisladora Stella Maris Córdoba (“Peronismo del Bicentenario”), es “gravísimo” que su par Emiliano Vargas Aignasse haya intentado huir de la Policía en Santiago del Estero, y que la Cámara cuenta con las herramientas necesarias para evaluar y eventualmente sancionar ese accionar. Además, cuestionó que el bloque oficialista “Tucumán Crece” haya pedido esperar un avance de la causa, tramitada en la Justicia Federal santiagueña.

Córdoba es secretaria de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura, órgano que tiene entre sus competencias la conducta de los legisladores. Afirmó que el comité debería estudiar el caso, para lo cual correspondería formular una cuestión de privilegio contra Vargas Aignasse.

“Asuntos Constitucionales debe abocarse a obtener la información que necesitamos para conocer con exactitud los hechos. Hay que requerir informes a la Justicia”, sostuvo la presidenta de la bancada amayista en la Legislatura, y aseguró que el bloque está analizando iniciar ese trámite.

El parlamentario oficialista fue detenido durante la madrugada del martes en Santiago del Estero, luego de que intentara escaparse de un control caminero ubicado a la altura de la localidad de Yutu Yacu. Dentro de la camioneta que manejaba, los uniformados encontraron 40 gramos de marihuana.

Desde el oficialismo manifestaron que antes de tomar cualquier determinación es necesario esperar que la Justicia Federal se expida en la causa. “La Legislatura va a obrar en consecuencia nos marque el camino el Poder Judicial, tomando las medidas que haya que tomar”, aseguró mediante un comunicado el presidente subrogante de la Cámara, Julio Silman (FpV).

“La inconducta pública de Vargas Aignasse al evadir el control policial compromete el decoro de todos los legisladores. Siendo una autoridad pública es gravísimo lo que hizo, mucho más si trató utilizar como privilegio su condición como parlamentario”, consideró la ex diputada nacional por el kirchnerismo.

Córdoba coincidió con otros legisladores opositores que habían asegurado que, en el caso de Vargas Aignasse, cabía la aplicación del artículo 132 del reglamento interno de la Legislatura y del artículo 58 de la Constitución provincial. Esos apartados se refieren a “faltas graves” de conducta y a la “inhabilidad física o moral”, respectivamente.

La opinión del constitucionalista Rodolfo Burgos, es que no correspondía la aplicación de esas normas. Incluso, afirmó que no existen normativas para sancionar a un legislador.

La parlamentaria se mostró en contra de esa aseveración. “Los legisladores sí tenemos facultades para sancionar, porque somos jueces de nuestros propios pares”, sostuvo. 

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