Algunos la mencionan. Otros prefieren obviarla o, incluso, minimizar su importancia dentro de lo que coinciden en llamar el “rol social” de la Legislatura. Pero la partida denominada “ayudas sociales a personas” domina el quehacer dentro del edificio de Muñecas 951 durante el receso legislativo. 

Tanto oficialistas como opositores se mostraron de acuerdo con la política de hacer visible el uso de una parte de esos fondos. Incluso llegaron a hablar de “transparencia”. De todas formas, consideraron que es necesario seguir contando con esas sumas, que aún hoy se entregan en forma discrecional y sin rendición de cuentas.

“Esta nueva gestión está generando señales muy positivas para la sociedad. Si hay algo que a la gente le preocupa es conocer el destino de los fondos públicos. Hay señales de que este camino pretende llegar a dar mayor transparencia en el manejo de ese dinero”, aseguró el vicepresidente segundo de la Cámara, Ariel García (UCR).

Desde fines de diciembre, la Presidencia de la Legislatura ha realizado una serie de actos en los que otorgó subsidios a instituciones como la Casa Cuna o los Bomberos Voluntarios, y a municipios y comunas afectados por las inundaciones, con dinero de a los gastos sociales. 

El lunes, instruido por Jaldo, el legislador Luis González (UCR) se comprometió en utilizar parte de lo que recibe por gastos sociales para destrabar el conflicto entre ex contratados de Simoca y el municipio.

En una ceremonia realizada ayer en el octavo piso del edificio legislativo, la Cámara entregó un subsidio de $ 49.600 para la realización del “Triatlón del Bicentenario”, que tendrá lugar el 7 de febrero en El Cadillal. 

“La Legislatura tiene que tener sus gastos sociales para ayudar en lo que no llega a cubrir el Gobierno. Y entregar estas colaboraciones a instituciones va a hacer que los gastos se transparenten”, sostuvo Ramón Santiago Cano (FpV).

El bussista Claudio Viña destacó también la difusión de usos específicos de la partida, e incluso defendió que continúe el reparto individual entre los legisladores. “Me parece perfecto que se usen los gastos sociales para la sociedad. A veces el rol social del legislador excede lo que debería ser lo normal, pero esto pasa en una provincia empobrecida”, indicó. 

Un tema tabú 

“Queremos que la gente se entere de cuál es la actividad de la Legislatura. Antes quizás también se lo hacía, pero no se lo difundía”, manifestó Jaldo, quien prefirió no hacer eje en las “ayudas sociales a personas”: “el presupuesto es muy amplio. Podemos usar distintas partidas”. 

Quien tampoco quiso que se hiciera referencia específicamente a los gastos sociales fue el presidente subrogante del cuerpo, Julio Silman (FpV). “Estamos haciendo uso del derecho que tenemos de colaborar con instituciones y personas, que es una posibilidad dentro del presupuesto legislativo”, afirmó.

Hace años que los gastos sociales generan controversia, debido a que su reparto siempre fue inequitativo y reservado. Sin embargo, a fines del año pasado el manejo de la partida llegó a la Justicia, luego de una serie de notas publicadas por LA GACETA en la que se evidenció que la discrecionalidad de la ruta de ese dinero.

En el 2015, además, se destinaron a esa partida más de $ 500 millones, a pesar de que en la previsión inicial se habían presupuestado $ 220 millones. 

En total, en el último mes se entregaron subsidios a instituciones por casi $ 10 millones