A través de la carta enviada los legisladores Alejo Ramos Mejía y Jorge Vallaza y los concejales Ramón Chiocconi, Daniel Natapof y Ana Marks; denunciaron la falta de políticas públicas en materia de prevención de violencia de género y de promoción de derechos y atención a las víctimas que agravan la situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres de Bariloche.

"Los trágicos sucesos acontecidos recientemente, son solamente el emergente de una situación de extrema fragilidad que viven las mujeres de la ciudad ante el retroceso y desguace del Estado", expresaron y agregaron que ya en febrero los concejales de FpV, habían realizado un pedido de informes ante el cierre de la Dirección General de Equidad de Género municipal, avizorando una situación muy delicada.

"Tanto la Línea de ayuda telefónica 102 como la Casa Amulen (casa refugio) funcionan y dan un servicio sumamente importante a las mujeres en situación de violencia. Son necesarias campañas públicas de difusión para que la gente los conozca los dispositivos y cumplan su función en el máximo de sus posibilidades", señalaron. 

Recordaron que la ciudad se encuentra en situación de emergencia en materia de violencia de género desde el año 2012 (ordenanza 2369-CM-2012 que fue prorrogada hasta el 15 de enero de 2017). "El camino que hasta el momento ha emprendido el Intendente, pareciera ir decididamente en contra de esta resolución".

Señalaron que el martes 29, ante la convocatoria urgente que se hizo al Consejo de Seguridad local, un concejal del FpV en representación del Bloque concurrió a fin de abordar la problemática y participar en la búsqueda de soluciones comunes; sin embargo, señaló la necesidad apremiante de contar con las primeras líneas de los gobiernos municipal y provincial, o en su defecto, funcionarios con posibilidades de definición política. El lunes 28 de marzo pasado, ante la multitud que se concentró en el Centro Cívico, el Intendente Gennuso se comprometió a convocar de emergencia al Consejo de Seguridad y se descontaba su participación o la del Jefe de Gabinete. 

Finalmente manifestaron que en el terreno provincial es urgente que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro tenga una delegación en la ciudad. "Bariloche es la ciudad más importante de la provincia y es incomprensible que no haya una representación de dicho organismo. La seguridad de una ciudad tan compleja como Bariloche, no puede ser comandada a control remoto a 800km de distancia", sostienen.

Reclamaron por la falta de creación de las comisarías de la mujer, recurso necesario fundamental, pero "hasta el momento no hay avances y continúa siendo una deuda más".

"A raíz de la presión popular el Ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Fabián Galli, dio marcha atrás en su decisión de desarticular el Centro de Atención a la víctima que funciona en el Centro Administrativo Provincial en Bariloche. Los ejecutivos, por la ley nacional 26485, son responsables de dar respuestas concretas creando áreas y brindando capacitaciones para sensibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Exigimos al Gobernador y al Intendente que no se retroceda sino que por el contrario se redoblen los esfuerzos para atender esta problemática", concluyen.