La legislación no fija cómo integrar el Jury en algunos casos

Interrogantes por la situación de la fiscala.
El artículo 129 de la Constitución provincial reformada en 2006 autoriza explícitamente a la Corte Suprema de Justicia o al ministro fiscal a que denuncien ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura "el delito o falta" en que, supuestamente, hubiera incurrido un magistrado para que aquella decida si corresponde someterlo a un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. Pero la Carta Magna no da respuesta a cómo deberá integrarse dicho Jury (uno de cuyos ocho miembros es un vocal del alto tribunal) cuando, como acaba de suceder con la fiscala III de Instrucción de Concepción, Eva Frías de Ruiz, el rol de denunciante del funcionario o magistrado lo ha asumido la propia Corte, que pide su remoción.

Una disposición similar a la del artículo 129 no figuraba ni en la Constitución de 1907 ni en la de 1990, que sólo preveían (en sus artículos 128 y 110, respectivamente) la hipótesis genérica de que alguno de los legisladores o "una persona de fuera de su seno" (en referencia al Poder Legislativo) formalizara el pedido de que un magistrado fuera sometido a un proceso de remoción (entonces, regía el tradicional juicio político).

En la acordada N° 930/2009, los cinco vocales de la Corte esgrimieron las razones por la que, según concluyeron, corresponde someter a la fiscala Frías de Ruiz a un proceso de destitución. Aunque no abordaron el problema de quién, eventualmente, representará a la Corte ante el Jurado de Enjuiciamiento aludieron someramente al artículo 129 de la Constitución y al artículo 2 de la Ley 8.199, que, precisamente, regula el enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios sometidos a proceso de destitución ante el Jury.

El artículo 2 de la Ley 8.199 remite al 129 de la Carta Magna, en la medida en que reitera que la Corte Suprema puede denunciar a un magistrado (ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura), "actuando de oficio en ejercicio de sus facultades de superintendencia, cuando existan causales suficientes". En este último caso, según agrega la mencionada norma, el alto tribunal debe "remitir todos los antecedentes" a la Legislatura. Lo que no prevé tal disposición es cómo resolver el problema de la integración del Jury cuando la Corte, efectivamente, denuncia a un magistrado, para evitar que el alto tribunal asuma simultáneamente los roles de denunciante y de juzgadora por medio de su representante en dicho jurado.

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