Legalidad con reservas

Por: Alberto Fernández.

Era absolutamente sabido que durante 2010 Argentina debería hacer frente a una serie de obligaciones que, en muchos casos, nacieron como resultado de la reestructuración que hizo de su deuda en el año 2005. Fue entonces cuando formalizó ante sus acreedores una oferta para canjear títulos impagos y salir del default en el que había caído tres años antes.

Tanto se sabía que en el Presupuesto nacional se aseguraron ingresos suficientes como para poder hacer frente a aquellas obligaciones. Eso quiere decir que el Gobierno fue autorizado por el Congreso Nacional a recaudar alrededor de 6.500 millones de dólares en impuestos y afectarlo al pago de sus compromisos externos.

Tras la aprobación presupuestaria, el Gobierno dispuso la creación del Fondo del Bicentenario, con el aducido propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos externos y llevar tranquilidad a los mercados en un mundo que desconfía sobre el modo en que ha de evolucionar nuestra economía.

Como ese Fondo se constituiría con las reservas de "libre disponibilidad" del Banco Central de la República Argentina, el gobierno nacional dispuso acaparar parte de esas reservas descuidando aspectos particularmente importantes.

En primer lugar, no ha atendido que son de "libre disponibilidad" las reservas que exceden el respaldo de la base monetaria y las obligaciones de deuda asumidas por el Banco Central. No puede pensarse de otro modo en un sistema que emite deuda de cortísimo plazo (LEBAC) y que se renueva mes a mes. Siendo así, es evidente que si 6.500 millones de dólares abandonaran las reservas y pasaran a constituir el Fondo del Bicentenario, el balance de aquella institución se volvería deficitario, pues sin ellos no podría respaldar en términos absolutos la moneda y las letras emitidas por el Banco Central.

En segundo lugar, al tomar esa decisión nadie ha considerado la naturaleza autónoma del Banco Central. Es la misma autonomía que se les reconoce en todo sistema financiero moderno a los bancos centrales, buscando que la política monetaria la conduzca alguien distinto a quien tiene a su cargo el control de la macroeconomía. Puede gustar o no que así sea, se puede estar de acuerdo o no con semejante autonomía, pero mal que le pese a cualquiera es la ley orgánica de dicho organismo la que así lo establece. Por ese motivo, la designación de sus directores debe contar con el acuerdo del Senado y su presidente debe dar cuenta ante esa cámara respecto del modo en que desarrollará su gestión (de programación y ejercicio de la política monetaria) y responsabilizarse políticamente por los resultados que exhibe el balance del organismo.

Esa independencia funcional arroja un tercer aspecto que tampoco ha sido atendido: las reservas que acopia el Banco Central son de su titularidad y no de propiedad del Estado. El Gobierno lo sabe y hay un dato que así lo demuestra. Cuando el Estado argentino canceló su deuda con el Fondo Monetario Internacional valiéndose de las "reservas de libre disponibilidad" del Banco Central debió entregarle a ese organismo un bono equivalente a la suma que le era prestada. Cambió un acreedor por otro pero su pasivo se mantuvo constante. ¿Por qué el Estado nacional debía asumir una nueva deuda para cubrir otra si estaba utilizando fondos que le eran propios? Sencillamente, porque esos recursos no eran de su propiedad.

Con este argumento, precisamente, Argentina frenó incontables demandas interpuestas en tribunales internacionales que pretendían ejercer medidas cautelares sobre las reservas del Banco Central. Con esa tesis siempre esgrimida por sus abogados, el Estado argentino logró que no prosperaran las exigencias de los reclamantes de embargar las reservas del Banco Central considerándolo su "alter ego".

Es evidente que quienes pensaron y pusieron en marcha el Fondo del Bicentenario no tuvieron en cuenta ninguno de estos aspectos. Con muy pocos análisis dispusieron de reservas del Banco Central para cancelar obligaciones externas en un intento por "minimizar" los efectos negativos que para nuestra economía representaría un déficit que asomaba como inevitable.

Ante un cuadro fiscal tan complejo, alguien tuvo la tentación de saldar esa deuda externa con los ahorros del Banco Central, disfrutar de la recaudación de 6.500 millones de dólares y aplicar esos recursos a cualquier otro fin distinto al de abonar compromisos externos.

Podrá discutirse de aquí en más la utilidad de la decisión de conformar aquel Fondo. Alguien podrá reafirmar el acierto de la medida aduciendo la necesidad de asegurar un gasto público creciente en pos de mantener la actividad económica tras la crisis internacional, algo que parece impropio ante el optimismo que trasuntan los discursos oficiales. Pero en cualquier caso hay una realidad que deviene irreversible: con lo hecho se ha pretendido echar mano a los ahorros públicos para poder utilizar libremente recursos impositivos en fines distintos a lo presupuestariamente previsto. Eso sólo genera intranquilidad en los mercados. Exactamente al revés de lo buscado cuando se propuso la creación del Fondo del Bicentenario.

Ahora bien. Todo este estado de cosas ha generado una nueva crisis en el Gobierno. Martín Redrado se ha rebelado a ceder esos recursos, el Poder Ejecutivo pretendió catapultarlo de su cargo y un tribunal no sólo le ha impedido que lo hiciera sino que hasta ha puesto en condición latente la constitución del Fondo.

Las razones que parecen haber llevado al Banco Central a levantarse contra la medida son atendibles. Ya se ha dicho que no tiene sentido discutir la condición autónoma del organismo ante la palmaria claridad con que la ley le reconoce esa categoría. Si se le desconoce esa condición se está contradiciendo el marco institucional existente. Tampoco parece entendible cuestionar la titularidad de las reservas después de haber predicado en cuanto tribunal internacional existe que de ellas no dispone el Estado nacional sino la autoridad monetaria.

El presidente del Banco Central no ha incumplido sus deberes de funcionario público por el solo hecho de no haber acatado una decisión presidencial. Es cierto que con su posición ha determinado una crisis política de magnitud para el Gobierno. Pero no está claro si la causa de la crisis ha sido la decisión presidencial o su no acatamiento por parte de Redrado.

A favor del presidente del Banco Central juega un aspecto central. El haber dictado un "decreto de necesidad y urgencia" instituyendo el Fondo del Bicentenario implica reconocer que sólo una ley puede crearlo. Si ello es así, no se observan las motivaciones de "necesidad" y de "urgencia" que hicieron soslayar la intervención parlamentaria para su creación cuando estamos hablando de obligaciones que aún no son ejecutables.

Es cierto que parece raro ver a un presidente del Banco Central negándose a cumplir con una disposición presidencial. Pero es bueno recordar en esta hora que, desde el juzgamiento del genocidio en adelante se ha admitido en nuestra jurisprudencia que en las organizaciones verticalmente estructuradas (tal el caso de la administración pública) toda orden puede ser revisada, máxime aquellas que no son impartidas guardando las formas legalmente impuestas. Si las cosas son de ese modo, es razonable que alguien dude en disponer de más de 25.000 millones de pesos sin un sustento jurídico adecuado.

Lo que se hace difícil de entender es cuál es la razón que lleva al Gobierno a encerrarse en estos callejones de los que nadie sale bien parado. Cuál es el motivo de hacer las cosas sin el debate necesario obviando aspectos que el mismo sistema legal impone atender.

Ya antes fue dicho en estas mismas páginas. El Gobierno no asume que padece de una debilidad política que hace que todas sus decisiones queden sometidas a un debate público mayúsculo del que participan opositores, sus propios funcionarios y hasta la misma justicia.

Mucho más simple hubiera sido promover este debate de cara a la sociedad y exigirle a la política una definición sobre la idea de saldar deuda externa usando reservas y preservando recursos fiscales para seguir promoviendo la actividad económica.

Pero el Gobierno no entiende. Piensa que goza de la misma base social de sustentación que alguna vez tuvo, pero de la que ya no disfruta. En esa desinteligencia sólo consigue encerrarse y marginarse cada vez más de la gente.

Una pena que así sea. Es que uno esperaba un tiempo en el que la institucionalidad no se vulnere y la racionalidad y el sentido común gobiernen en Argentina.

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